PODEMOS hacerlo mejor…

No soy partidario de hablar de PODEMOS. Creo que cualquier crítica hacia ellos se convierte en un mayor número de votos para esa formación, no se toma en consideración y tiende a perderse entre el maniqueismo de quienes les apoyan y quienes no; y todo esto, que puede resultar injusto, habla mucho de cómo hemos dejado degenerar las cosas antes de plantear las medidas racionales y necesarias que la gente salga del atolladero. Si los problemas se atajan a tiempo no generan la pasión irracional de los adeptos —o adictos—, que llevan a situaciones como la que me dispongo a describir. Acepto, como es natural, todo tipo de enmiendas.

Creo que PODEMOS ha perdido varias oportunidades en las últimas semanas. La primera de ellas es configurar un partido mediante asamblea abierta que ha dado como resultado un sistema de organización interna que admite con muchas dificultades la entrada de la crítica interna en la dirigencia. Del programa económico, que no es mi fuerte, prefiero no hablar en exceso, pero lo que sí adelanto es que no supone ninguna novedad y se limita a exponer aquello que los demás NO han hecho, o han hecho a medias; de modo que no se asumen riesgos ni se esgrimen propuestas rompedoras y coherentes.

Pero donde a mí particularmente más me están decepcionando —dentro de sus posibilidades, pues soy militante del PSOE—, es en el asunto de la corrupción y de la necesaria actitud ejemplar que se ha de adoptar en estos nuevos tiempos. PODEMOS se ha visto fuertemente favorecido por un discurso vertical basado en otro maniqueismo «PPSOE=casta=los privilegiados VS los no privilegiados=el pueblo». Frente a las actitudes, ciertamente deplorables, de muchos dirigentes políticos de izquierda y derecha en múltiples casos de corrupción, muchos quieren votar a PODEMOS por aquello de «hacer limpieza». Y, en parte, no les falta razón. Por otra, se olvidan de que, al final, somos los militantes de los otros partidos los que tenemos el deber de exigir un cambio de actitud y una asunción inmediata de responsabilidades a nuestros dirigentes.

Desgraciadamente, sea porque les están buscando la vuelta, o sea porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, o sea por casualidad, los casos de corrupción o las irregularidades que han salpicado en las últimas semanas a Pablo Iglesias —cobrar en negro sin pasar por la casilla de Montoro— e Íñigo Errejón —suspendido de empleo y sueldo de la universidad de Málaga por no tramitar correctamente el tema de las incompatibilidades— han sido afrontadas de una forma nada original para las costumbres de la vieja política: «TODO ES UNA CAMPAÑA CONTRA PODEMOS, ORQUESTADA POR LOS DEMÁS». Mientras, Pablo Iglesias, tan presente antes en medios de comunicación, está casi tan desaparecido como Rajoy.

Yo, exactamente igual que exigiré a los dirigentes de mi partido, esperaba una explicación pormenorizada, una petición de disculpas y todo ello desde el minuto primero, sin tener que atender a los vaivenes y las embestidas de la opinión pública. Esto, en el terreno de la actitud, deberá ser coherente con el terreno de los hechos, de las reacciones frente a sus errores.

De lo contrario, estaremos ante «príncipes del pueblo» que juegan en el terreno del absolutismo moral y de la obediencia ciega, tan de capa caída —y con razón—, en estos nuevos tiempos políticos. Si quieren seguir subiendo en las encuestas estaría bien que se acuerden de nuevo de que muchos los querían porque ofrecían cosas diferentes para tener resultados diferentes.

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SALVAR LAS ENSEÑANZAS. ¿REGENERAWHAT?

Solo el PP está dispuesto a sentarse encima del hormiguero mientras bajo él todo se mueve a una velocidad vertiginosa. Ayer, sin ir más lejos, Cayo Lara comunicó que no se presentará a las primarias de Izquierda Unida. Con este cambio, tan solo Rosa Díez y Mariano Rajoy aguantan como líderes visibles de los principales partidos —al menos en el Congreso— tras las elecciones europeas, aunque no porque hayan hecho muchos méritos.

Estos aires de novedad no solo tienen que ver con los cambios en las caras de los principales líderes. Forman parte de la respuesta de los partidos políticos a una necesidad de cambio que, por otro parte, no se limita únicamente a acabar con la lacra de la corrupción y los efectos de la crisis. Va más allá. Los españoles tienen otra cultura, otra manera de pensar. Nuestra media de edad ronda los 40 años, muchos no somos hijos de la dictadura y concebimos la democracia como la única forma de gobierno, pero esta ha de estar acorde a nuestros intereses y a nuestro futuro.

Desde luego que la utilidad de la democracia no la medimos o definimos mediante el grado de afininad o adhesión que podamos tener al pacto constitucional de 1978. Aquello ha alcanzado su caducidad en este último lustro. Apenas podemos encontrar instituciones, actores o colectivos que no estén puestos en cuestión: ¿tenemos un buen sistema electoral?, ¿funciona el sistema judicial?, ¿son los partidos políticos de la confianza de los ciudadanos?, ¿es la monarquía parlamentaria la única jefatura de Estado posible?, ¿el sistema autonómico funciona correctamente?, ¿para qué sirve el Senado?, ¿producen nuestras leyes laborales y nuestro tejido productivo una vida digna, sostenible y emancipadora para la mayoría?. Así hasta ciento.

Hoy, en España, quedan pocos —como el Presidente Rajoy— que se atrevan a decir que no son necesarios cambios políticos profundos. Las medidas de «regeneración» democrática han salido a la escena con tanta fuerza como lo haría Johnny Depp en una de sus películas. Lo malo es que no se trata de una ficción. Las necesidades y las urgencias son reales. Y para ello, el Regeneracionismo, con su dialéctica y su lenguaje, ha vuelto sin que durante la historia de España haya demostrado su utilidad en términos prácticos. ¿Recuerdan a Joaquín Costa? —era su máximo exponente tras el desastre del 98—.Todo lo más que se cumplió de su programa fue la llegada de sendos «cirujanos de hierro», salvapatrias que actuaban como mesías a los que molestaba todo aquello que no se moviera en su dirección. Antes que ellos se quedaron por el camino todos aquellos que, por su cuenta y riesgo, sin contar con el conjunto del país, trataron de sacar adelante un programa regeneracionista, dejando tras de sí un legado más bien pobre que jamás consiguió salvar el régimen político en el que les tocó operar; y con sus fracasos empeoraron la situación.

La película no va por ahí. En el párrafo anterior lo importante no es salvar el régimen político en el que nos toca operar. Una de las cosas que tiene mi generación es que no consideramos el consenso y la Constitución de 1978 como el fruto inconsumible e incuestionable de la Transición. La democracia, para nosotros, es la única forma posible de gobierno. Pero esta, en concreto, necesita mejorar. Lo importante, para mí, es que seamos capaces de ponernos de acuerdo acerca de cuestiones tan importantes como qué país queremos y cómo lo vamos a conseguir.

«¿Pactará usted con Podemos o con el PP?». Son preguntas que me molesta escuchar y que nos alejan del propósito real. Para alcanzarlo hace falta quitar lastre del pasado. No hay una España que salvar sino un país por reconstruir. Estos 36 años no nos los quita nadie, pero no volverán. Cuando lo tengamos claro, aprendamos del pasado y pongámonos de acuerdo por una vez en nuestra historia para reformar una Constitución que dure muchos años y que sea útil a nuestras generaciones.

No es lo mismo decir “cabrón” que “cabrón”…

Ayer ocurrió algo en Calahorra que demuestra el mal ambiente político que se respira en la ciudad. El Alcalde retiró la palabra de manera sistemática a la oposición y, cuando esta abandonó el pleno en señal de protesta, se pronunciaron palabras duras contra el alcalde, que dijo que eran insultos.

Describamos insulto. El insulto forma parte de la ofensa. No es lo mismo ofender que insultar pero, siempre que se insulta, se ofende. La ofensa  tiene como determinante que la otra persona se siente agredido emocionalmente, para lo cual a veces no es necesario pronunciar una sola palabra. Basta un gesto negativo hacia la otra persona.

También cuenta el contexto. No es lo mismo llamar “cabrón” a un amigo cuando te quita la última patata frita de tu plato, que decirle “cabrón” a un desconocido por el mero hecho de que te ha pisado en la cola del super.

En el contexto de la política, o en las tertulias televisivas de moda, sucede muchas veces que se confunden premeditadamente las predisposiciones emocionales propias o ajenas con el objetivo de sacar rédito político. Ante esto, cabe preguntarse, ¿saben los políticos diferenciar entre una oración calificativa y un insulto? Utilizaré en parte lo que he leído hoy en la brújula sobre lo sucedido en el pleno de anoche.

Decir que en Calahorra se realizan o han realizado operaciones urbanísticas a la carta ¿es un insulto? Puedo comprender que se entienda como insulto las palabras “cacique”, “dictador”, “que te den morcilla” -esto sería más bien una provocación, aunque la provocación forma parte, a veces, de la ofensa o de la mofa-. Ahora bien, existe una sustancial diferencia cuando se le dice a alguien que demuestra tener formas antidemocráticas. Esto en ningún caso sería un insulto. Respondería, en su caso, a la descripción de una situación en el ejercicio de unas atribuciones que son públicas y que están sujetas a la política, a la opinión política. O a la opinión, a secas.

Con relación a esto, a mí me parece que se adopta el victimismo como forma de orillar el debate. Y no me refiero solo a Calahorra. Es la forma de no hablar de lo que la gente necesita o de aquello que, simplemente, no interesa. Resulta desolador asistir a la desidia en el trato a lo que el otro te dice, lo cual implica, en si mismo, una falta de respeto.

Otra pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene el que se siente ofendido por cualquier cosa sobre la parálisis de algún asunto público, a causa de no querer ver la realidad?

Podríamos llegar al extremo -y en el Ayto. de Calahorra algunos miembros del equipo de gobierno llegan a esta conclusión con bastante frecuencia- de que no se debatan los contenidos de las propuestas o mociones correspondientes porque son contrarias a la opinión del partido político al que se pertenece. Entonces, el concejal de turno, dice que se está atacando personalmente a alguien. Se toma la parte por el todo y avanzar en una materia es harto imposible.

¿Hasta qué punto sería positivo reconocer ante el otro cuando te has equivocado? ¿O, lo que es lo mismo, dónde está el límite a partir del cual no se debe hacer caso a la reacción emocional del adversario político ante una ofensa? A veces, resulta difícil ser condescendiente con reacciones políticas personalistas cercanas al gimoteo infantil.  En otras ocasiones, se echa en falta la capacidad de tener mano izquierda por parte de los políticos. La tendencia, más bien, es a huir hacia adelante.

¿Quién gana? ¿Quién pierde?

Desde luego, el ambiente político es responsabilidad de todos quienes ejercen las labores de representación. Sería bueno que en el futuro mejorasen, y se basaran en comportamientos humanos más elevados.

La empatía, la humildad, el respeto mutuo no están reñidos con el rigor, la contundencia, el deber de representación, o la defensa de las opiniones propias. El PP pretende tapar una grave ofensa al funcionamiento democrático del pleno con la excusa de que tras 8 retiradas de palabra a los concejales de la oposición, los socialistas se sobrepasaron en sus calificativos -incluso insultaron al Alcalde-. En la frase anterior, la palabra importante es la preposición “tras”; lo cual no justifica nunca un insulto, aunque sí la irascibilidad de la oposición o, cuando menos, su abandono del Pleno.

A intentar saber cuándo estamos ante un verdadero insulto he querido dedicar este post.

Sería bueno que, tal y como propone el PSOE, se reuna la junta de portavoces para que las cosas vuelvan a la normalidad.

Tanto si la quieres como si no: el Referéndum es bueno para la Monarquía.

Cuando Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor le hicieron un regalo envenenado. Sería Rey de España por la gracia de Franco. Nos guste o no este argumento, no deja de ser la realidad.

También es realidad, nos guste o no, que durante la transición, el Rey se encargó de hacer algo, lo que unos llaman un gesto de generosidad, y otros consideramos que era un deber histórico ineludible: posibilitar e incluso fomentar la instauración de un sistema democrático en España. Hacer simplemente a las personas, protagonistas de su futuro. Más o menos como el resto de espejos en quienes entonces España se miraba. Lo que entonces significaba Europa.

Sin embargo, aun con la Constitución aprobada y un par de elecciones generales celebradas, no todos reconocían al Rey como la figura esencial de ese cambio político. Suárez, Carrillo, Fraga, González, Blas Piñar…, otras eran las figuras que, para bien o para mal, acaparaban las miradas.

Desde un punto de vista jurídico- legal podría decirse que la Monarquía fue legitimada en el referendum constitucional. Pero también podría argumentarse, en este punto, que las circunstancias difíciles de esta etapa histórica determinaron que no se plantease decididamente, durante el proceso de elaboración de la Constitución, la cuestión sobre cuál debía ser la forma de la jefatura del Estado. Tan solo el PSOE emitió su voto particular y simbólico a favor de la República, toda vez que el PCE tuvo que pactar con Suárez unas clausulas para su legalización en las que se especificaba la necesidad de acatar la Monarquía para dar estabilidad al nuevo régimen democrático. Hay varios refranes que podrían ejemplarizar aquellas circunstancias: menos da una piedra; o más vale párajo en mano que ciento volando.

Así fue como las fuerzas mayoritarias de la izquierda política aceptaron la Monarquía en 1978. Ahora bien, durante aquellos años y bajo las élites políticas, muchos ciudadanos de la derecha autoritaria nunca perdonaron al Rey haberse desecho del régimen franquista. Muchos militantes de la izquierda comunista nunca perdonaron a Carrillo tan enorme cesión programática. Muchos militantes del PSOE tampoco comprendieron las buenas relaciones del partido con el Rey. En 1981, muchos empezaban a asociar al Rey con el denostado Suárez.

Todo cambió el 23 de Febrero de aquel año. Ese día el Rey apareció como salvador de un régimen político acuciado por el llamado desencanto, y sirvió para reafirmar en la conciencia de millones de españoles el valor de la democracia. No me refiero a esos españoles enórmemente politizados y activos. Hay otros millones de españoles que simplemente requerían de la transición un paso de un régimen a otro en orden y estabilidad. El significado de un Rey y de una Monarquía en semejante momento no podía ser más apropiado. Y aquí se formó un mito en su primera acepción. El rey protagonista de verdad. El rey heroe. El rey salvador. ¿Cómo podíamos haber llamado al Rey cobarde cuando nombró a Suárez? El rey ya era de todos los españoles.

Juan Carlos, cuya legitimidad legal estuvo condicionada por elementos contextuales e históricos innegables, alcanzó entonces una legitimidad carismática que ha posibilitado que una mayoría de personas se declaren, antes que monárquicas, juancarlistas. Tanto es así, que ese argumento, junto con un patriotismo constitucional bastante extendido, han suplido de una forma eficiente los cuestionamientos de legitimidad de origen a la Monarquía. Esto, repetido hasta la saciedad, también es una realidad.

Sin embargo, los últimos acontecimientos relacionados con la familia real conocidos han afeado un reinado que se prometía como el mejor de un Borbón en la historia de España. El cambio social derivado de los años de prosperidad, los avances en la comunicación a través de las nuevas teconologías o la pérdida del respeto histórico de buena parte del periodismo hacia la privacidad de gran parte de la familia real ya eran retos importantes con los que la Corona se enfrentaba. Pero los efectos de la crisis económica, social y política; el incidente de Bostwana; y, sobre todo, las salpicaduras de la corrupción hasta la infanta Cristina… Ha sido demasiado. La Monarquía sacaba una valoración de 3,7 en la última encuesta del CIS. Impensable hace un lustro.

Todos estos hechos han levantado ampollas en muchos sectores de la población que, lógicamente, se han preguntado por la utilidad del Rey cuando la gente lo pasa mal. Aunque sepamos que el Rey reina pero no gobierna, algunos le han pedido mayor involucración para conseguir acuerdos. Otros se han fijado en su posición opaca y de privilegio. La cuestión es que el Rey y sus asesores comprendieron, aunque tarde, que aunque su función sea más bien simbólica, no hay ejemplo que peor y más rápido caiga que un mito.

La caida de ese mito, para una buena parte de la sociedad, ha destapado las cuestiones de legitimidad de origen. Eso imposibilita un debate sosegado y sereno sobre la utilidad pasada, presente y futura de la Monarquía. ¿Es cierto que fue nombrado por Franco? ¿Es cierto que, por activa o por pasiva, hoy somos una democracia liberal homologable? ¿Es cierto que su legitimidad procede más de su carisma que de lo que pone en la Constitución? ¿Es cierto que hay más juancarlistas que monárquicos puros? Son preguntas demasiado fáciles para andar discutiendo.

Hay alguna cosa más que es una realidad. La historia de España demuestra que tenemos la tendencia a agotar los modelos políticos. Los reyes no suelen abdicar salvo Pactos de Ostende (1866) o de San Sebastián (1930). Mueren en el trono.

Yo, que tiendo a pensar bien de la gente, podría interpretar este gesto como el último de un hombre generoso al que hay más que agradecerle que reprocharle. Y mi recomendación a Felipe VI es que tome ejemplo y, via petición al Presidente del Gobierno, convoque un referendum entre Monarquía o República. Si sale la primera, que es lo más probable, nunca nadie podrá volver a decir que la Monarquía en España no tiene legitimidad democrática de origen. Si sale República, tenemos una Constitución que permite su reforma.

La lista de la compra

la fotoUna reforma electoral; una nueva ley hipotecaria; la ley de transparencia; reformar el modelo territorial; frenar el desempleo -especialmente entre los jóvenes-; saber por donde queremos crecer; garantizar los servicios públicos esenciales; recuperar la autoestima; cambiar partidos y sindicatos… Todo esto aderezado con una dosis de crisis institucional, porque para que una de las instituciones mejor valoradas sea la judicatura y la menor la Monarquía, hay que dar por hecho que existe tal cosa. Y a grandes males, grandes remedios: la lista de la compra en España se llama reforma constitucional.

Este es, a groso modo, el trabajo que tiene por delante nuestro país de cara a la próxima década. Tantas y tantas cosas que hacer y qué poquito ímpetu. Como diría aquel, “demasiado collar para tan poco perro”. ¿Se pueden imaginar ustedes la cantidad de trabajo que puede costar en España –el país de la Constitución del consenso y “hasta nunca”- hacer todo esto? Ustedes imagínense que acabamos de comprar una casa –imaginando mucho hasta podemos pensar que nos dan la hipoteca fácilmente- pero que tenemos que hacer una reforma  porque hemos descubierto problemas en la estructura que va a costar meses solventar. Todo ello supondrá mirar presupuestos de todo tipo y pensar en un sinfín de decisiones que van a abarcar tu vida durante unos pocos meses. Y que de repente, te llega un albañil, de los de toda la vida –imaginen, imaginen que alguno queda- y te dice: “¡Buag! ¿Esto tres meses? ¿tres meses? ¿tres…? Esto, señor, se lo arreglo yo en cuatro semanas y con la gorra”.

Pues bien, yo hace tiempo que pienso que nuestro gobierno no tiene ni rango de albañil: es un peón ordinario. No tengo nada contra los peones ordinarios, conozco algunos y tengo cariño hacia todo lo que tiene que ver el gremio que me ha dado de comer tantos años (y me sigue dando, afortunadamente para mi familia). Pero un peón ordinario no sabe de estructuras. No le es tan fácil, a priori, detectar fallos en la estructura más profundos de lo que a simple vista pueden parecer. Nuestra lista de la compra es amplia y aquí nadie abre de verdad el melón de la reforma constitucional. Aunque, a decir verdad, quizá lo grave de nuestra situación es que incluso un peón ordinario puede sentirla a simple vista, seguramente porque es quien más la sufre.

Políticamente, ningún Estado con el cuadro que presenta España puede sobrevivir muchos más años si no se plantea “¿quién soy?”, “¿de dónde vengo?” y “¿a dónde voy?”. Aquí no nos planteamos tal cosa, sino que recortamos todo aquello que garantiza una mínima solidaridad, empobreciéndonos cada día más y resignándonos a ser el país más desigual de Europa mientras rescatamos bancos y mantenemos subvenciones millonarias en sectores privados cuyos directivos cobran medio kilo al año y/o viven como curas, a la par que lamentamos la cantidad de personas “de la calle” acuden a un centro de beneficencia para que le ofrezcan lo mínimo para subsistir. ¿No querían neoliberalismo? Pues tomen dos tazas.

Los partidos políticos mayoritarios no parecen tener prisa en abrir de verdad el melón constitucional y eso que para tocar el modelo electoral es necesario; para tocar el modelo territorial es necesario; para reformar partidos y sindicatos es necesario; e incluso para garantizar los derechos y para saber hacia donde tienen que ir nuestros principios de política social y económica parece necesario. No digamos si es necesario para reformar la corona; e incluso también para legitimar un régimen democrático que, tal como está, ya no es ejemplo de nada más que de podredumbre.