Tanto si la quieres como si no: el Referéndum es bueno para la Monarquía.

Cuando Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor le hicieron un regalo envenenado. Sería Rey de España por la gracia de Franco. Nos guste o no este argumento, no deja de ser la realidad.

También es realidad, nos guste o no, que durante la transición, el Rey se encargó de hacer algo, lo que unos llaman un gesto de generosidad, y otros consideramos que era un deber histórico ineludible: posibilitar e incluso fomentar la instauración de un sistema democrático en España. Hacer simplemente a las personas, protagonistas de su futuro. Más o menos como el resto de espejos en quienes entonces España se miraba. Lo que entonces significaba Europa.

Sin embargo, aun con la Constitución aprobada y un par de elecciones generales celebradas, no todos reconocían al Rey como la figura esencial de ese cambio político. Suárez, Carrillo, Fraga, González, Blas Piñar…, otras eran las figuras que, para bien o para mal, acaparaban las miradas.

Desde un punto de vista jurídico- legal podría decirse que la Monarquía fue legitimada en el referendum constitucional. Pero también podría argumentarse, en este punto, que las circunstancias difíciles de esta etapa histórica determinaron que no se plantease decididamente, durante el proceso de elaboración de la Constitución, la cuestión sobre cuál debía ser la forma de la jefatura del Estado. Tan solo el PSOE emitió su voto particular y simbólico a favor de la República, toda vez que el PCE tuvo que pactar con Suárez unas clausulas para su legalización en las que se especificaba la necesidad de acatar la Monarquía para dar estabilidad al nuevo régimen democrático. Hay varios refranes que podrían ejemplarizar aquellas circunstancias: menos da una piedra; o más vale párajo en mano que ciento volando.

Así fue como las fuerzas mayoritarias de la izquierda política aceptaron la Monarquía en 1978. Ahora bien, durante aquellos años y bajo las élites políticas, muchos ciudadanos de la derecha autoritaria nunca perdonaron al Rey haberse desecho del régimen franquista. Muchos militantes de la izquierda comunista nunca perdonaron a Carrillo tan enorme cesión programática. Muchos militantes del PSOE tampoco comprendieron las buenas relaciones del partido con el Rey. En 1981, muchos empezaban a asociar al Rey con el denostado Suárez.

Todo cambió el 23 de Febrero de aquel año. Ese día el Rey apareció como salvador de un régimen político acuciado por el llamado desencanto, y sirvió para reafirmar en la conciencia de millones de españoles el valor de la democracia. No me refiero a esos españoles enórmemente politizados y activos. Hay otros millones de españoles que simplemente requerían de la transición un paso de un régimen a otro en orden y estabilidad. El significado de un Rey y de una Monarquía en semejante momento no podía ser más apropiado. Y aquí se formó un mito en su primera acepción. El rey protagonista de verdad. El rey heroe. El rey salvador. ¿Cómo podíamos haber llamado al Rey cobarde cuando nombró a Suárez? El rey ya era de todos los españoles.

Juan Carlos, cuya legitimidad legal estuvo condicionada por elementos contextuales e históricos innegables, alcanzó entonces una legitimidad carismática que ha posibilitado que una mayoría de personas se declaren, antes que monárquicas, juancarlistas. Tanto es así, que ese argumento, junto con un patriotismo constitucional bastante extendido, han suplido de una forma eficiente los cuestionamientos de legitimidad de origen a la Monarquía. Esto, repetido hasta la saciedad, también es una realidad.

Sin embargo, los últimos acontecimientos relacionados con la familia real conocidos han afeado un reinado que se prometía como el mejor de un Borbón en la historia de España. El cambio social derivado de los años de prosperidad, los avances en la comunicación a través de las nuevas teconologías o la pérdida del respeto histórico de buena parte del periodismo hacia la privacidad de gran parte de la familia real ya eran retos importantes con los que la Corona se enfrentaba. Pero los efectos de la crisis económica, social y política; el incidente de Bostwana; y, sobre todo, las salpicaduras de la corrupción hasta la infanta Cristina… Ha sido demasiado. La Monarquía sacaba una valoración de 3,7 en la última encuesta del CIS. Impensable hace un lustro.

Todos estos hechos han levantado ampollas en muchos sectores de la población que, lógicamente, se han preguntado por la utilidad del Rey cuando la gente lo pasa mal. Aunque sepamos que el Rey reina pero no gobierna, algunos le han pedido mayor involucración para conseguir acuerdos. Otros se han fijado en su posición opaca y de privilegio. La cuestión es que el Rey y sus asesores comprendieron, aunque tarde, que aunque su función sea más bien simbólica, no hay ejemplo que peor y más rápido caiga que un mito.

La caida de ese mito, para una buena parte de la sociedad, ha destapado las cuestiones de legitimidad de origen. Eso imposibilita un debate sosegado y sereno sobre la utilidad pasada, presente y futura de la Monarquía. ¿Es cierto que fue nombrado por Franco? ¿Es cierto que, por activa o por pasiva, hoy somos una democracia liberal homologable? ¿Es cierto que su legitimidad procede más de su carisma que de lo que pone en la Constitución? ¿Es cierto que hay más juancarlistas que monárquicos puros? Son preguntas demasiado fáciles para andar discutiendo.

Hay alguna cosa más que es una realidad. La historia de España demuestra que tenemos la tendencia a agotar los modelos políticos. Los reyes no suelen abdicar salvo Pactos de Ostende (1866) o de San Sebastián (1930). Mueren en el trono.

Yo, que tiendo a pensar bien de la gente, podría interpretar este gesto como el último de un hombre generoso al que hay más que agradecerle que reprocharle. Y mi recomendación a Felipe VI es que tome ejemplo y, via petición al Presidente del Gobierno, convoque un referendum entre Monarquía o República. Si sale la primera, que es lo más probable, nunca nadie podrá volver a decir que la Monarquía en España no tiene legitimidad democrática de origen. Si sale República, tenemos una Constitución que permite su reforma.