Bajar impuestos: ese peligroso mantra…

El PP está perpetuando una preferencia programática muy arraigada ya en nuestra cultura política: y es que un partido que no promete una bajada de los impuestos (en general) no es capaz de articular una oferta de política económica viable. Ya se inició esa moda en 1996 con el Gobierno de Aznar, la siguió Zapatero cuando afirmaba aquello de que “bajar impuestos también es de izquierdas” y ahora parece ser que el debate va de nuevo encaminado a apuntalar estas tesis, descontextualizada y como un fin en si mismo. Y lo está haciendo paradójicamente a través de un debate interno que se reproduce en las tertulias y los principales medios de comunicación, más pendientes de lo que este debate supone dentro del liderazgo del PP que en la importancia de reordenar la política fiscal en España que, en realidad, no es un fin sino un instrumento de política económica que debe adecuarse a las necesidades de la economía.

Porque efectivamente, el debate sobre fiscalidad es fundamental para el futuro, porque a mi modo de ver, después del sistema territorial y electoral,  el fiscal es el  tercer puntal del Estado que más hecho añicos está de nuestro país, porque en parte explica las dificultades para luchar contra la crisis económica que padecemos.

Pero el debate entre el Gobierno de Mariano Rajoy, donde se sostiene que han tenido que subir los impuestos para evitar el rescate, y ahora de repente se habla de que nos salvaron de un “crack”, de una “bancarrota” –véase editoriales de ABC o La Razón de hoy-; y Esperanza Aguirre, que exige una bajada generalizada de los impuestos para cumplir con el programa electoral, lo que no deja de ser otra oportunidad aprovechada por Aguirre de meterle el dedo en el ojo al Gobierno aprovechando una propuesta socialista para salir de la crisis. Este debate  está dando como resultado que el Gobierno prometa que, en cuanto pueda, -es decir, en cuanto la situación económica mejore- acometerá una bajada generalizada de los impuestos, igual que lo hiciera Aznar en su día. De esta forma se trata de perpetuar la opción por la política fiscal cíclica mediante la cual en épocas de expansión bajamos los impuestos para que, cuando llegue otra crisis nos veamos con el agua al cuello y no tengamos otra opción que añadir al paro, un aumento de la presión fiscal que vuelva a castigar la actividad y el consumo. Esta será la consecuencia de no explicar correctamente cual es el deber del Estado con respecto al sistema fiscal, sostenedor en primera instancia de los servicios públicos esenciales que son los que, finalmente se verían sometidos a más recortes.

Bajar los impuestos es probablemente la opción más recomendable en época de recesión, y además estaría bien aumentar el gasto público, especialmente en inversiones productivas. El problema es que España se comió su margen de reducción de impuestos durante la época de bonanza mientras gastaba por doquier en obras faraónicas, ladrillo y escasas inversiones para modernizar y diversificar la estructura productiva. Al calor de un crecimiento que ahora sabemos que fue artificial, hicimos una política fiscal cíclica –bajar los impuestos y aumentar los gastos- y para luchar contra la crisis seguimos haciendo una política fiscal –subir los impuestos y recortar los gastos- que ahonda la crisis, especialmente de los que menos tienen. La solución por tanto es complicada y compleja. ¿Qué hacer? Ahí está la cuestión. Parece claro que el fracaso de la receta de la austeridad está dando lugar a debates sobre cómo crecer lo suficiente para crear empleo. Pero hay un debate de fondo que es el que más sufre la gente: ¿la prioridad de crecer será de nuevo para pagar la deuda o para garantizar un sistema de bienestar? ¿o mejor hacemos lo que en tiempos de bonanza fuimos incapaces de acometer, que es una diversificación, modernización e internacionalización de nuestra actividad? ¿se pueden hacer las dos cosas? Para responder a todo ello es necesario tener claras las prioridades de nuestra política fiscal  en el futuro y realizar las propuestas políticas que esas prioridades permitan.

Anuncios

La lista de la compra

la fotoUna reforma electoral; una nueva ley hipotecaria; la ley de transparencia; reformar el modelo territorial; frenar el desempleo -especialmente entre los jóvenes-; saber por donde queremos crecer; garantizar los servicios públicos esenciales; recuperar la autoestima; cambiar partidos y sindicatos… Todo esto aderezado con una dosis de crisis institucional, porque para que una de las instituciones mejor valoradas sea la judicatura y la menor la Monarquía, hay que dar por hecho que existe tal cosa. Y a grandes males, grandes remedios: la lista de la compra en España se llama reforma constitucional.

Este es, a groso modo, el trabajo que tiene por delante nuestro país de cara a la próxima década. Tantas y tantas cosas que hacer y qué poquito ímpetu. Como diría aquel, “demasiado collar para tan poco perro”. ¿Se pueden imaginar ustedes la cantidad de trabajo que puede costar en España –el país de la Constitución del consenso y “hasta nunca”- hacer todo esto? Ustedes imagínense que acabamos de comprar una casa –imaginando mucho hasta podemos pensar que nos dan la hipoteca fácilmente- pero que tenemos que hacer una reforma  porque hemos descubierto problemas en la estructura que va a costar meses solventar. Todo ello supondrá mirar presupuestos de todo tipo y pensar en un sinfín de decisiones que van a abarcar tu vida durante unos pocos meses. Y que de repente, te llega un albañil, de los de toda la vida –imaginen, imaginen que alguno queda- y te dice: “¡Buag! ¿Esto tres meses? ¿tres meses? ¿tres…? Esto, señor, se lo arreglo yo en cuatro semanas y con la gorra”.

Pues bien, yo hace tiempo que pienso que nuestro gobierno no tiene ni rango de albañil: es un peón ordinario. No tengo nada contra los peones ordinarios, conozco algunos y tengo cariño hacia todo lo que tiene que ver el gremio que me ha dado de comer tantos años (y me sigue dando, afortunadamente para mi familia). Pero un peón ordinario no sabe de estructuras. No le es tan fácil, a priori, detectar fallos en la estructura más profundos de lo que a simple vista pueden parecer. Nuestra lista de la compra es amplia y aquí nadie abre de verdad el melón de la reforma constitucional. Aunque, a decir verdad, quizá lo grave de nuestra situación es que incluso un peón ordinario puede sentirla a simple vista, seguramente porque es quien más la sufre.

Políticamente, ningún Estado con el cuadro que presenta España puede sobrevivir muchos más años si no se plantea “¿quién soy?”, “¿de dónde vengo?” y “¿a dónde voy?”. Aquí no nos planteamos tal cosa, sino que recortamos todo aquello que garantiza una mínima solidaridad, empobreciéndonos cada día más y resignándonos a ser el país más desigual de Europa mientras rescatamos bancos y mantenemos subvenciones millonarias en sectores privados cuyos directivos cobran medio kilo al año y/o viven como curas, a la par que lamentamos la cantidad de personas “de la calle” acuden a un centro de beneficencia para que le ofrezcan lo mínimo para subsistir. ¿No querían neoliberalismo? Pues tomen dos tazas.

Los partidos políticos mayoritarios no parecen tener prisa en abrir de verdad el melón constitucional y eso que para tocar el modelo electoral es necesario; para tocar el modelo territorial es necesario; para reformar partidos y sindicatos es necesario; e incluso para garantizar los derechos y para saber hacia donde tienen que ir nuestros principios de política social y económica parece necesario. No digamos si es necesario para reformar la corona; e incluso también para legitimar un régimen democrático que, tal como está, ya no es ejemplo de nada más que de podredumbre.