Mi aclaración mental sobre el mal llamado derecho a decidir…

No dejamos últimamente de hablar sobre el marco de relaciones entre España y Cataluña. Sobre si podría darse una situación de declaración unilateral de independencia, previa consulta, y sus efectos jurídicos posteriores y nadie parece decirnos nada acerca de lo posible o lo probable en caso de que tal situación se diera definitivamente.

Se habla mucho del derecho a decidir Cataluña pero, ¿existe realmente? ¿bajo qué principios? Convendría que alguien nos aclarase estas cuestiones cuanto antes. Yo haré un esfuerzo de síntesis según lo que tengo entendido por un debate acalorado que tuve ayer.

El derecho a decidir se basa en el derecho de Cataluña a celebrar una consulta para decidir su propio futuro. Se entiende que la consulta es relativa a seguir -o más bien no seguir – perteneciendo a España. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de nación catalana. Si esto fuera correcto podríamos advertir claramente que el derecho a decidir es exactamente lo mismo al derecho a la autodeterminación.

¿Por qué se enmascara entonces? Imagino que se enmascara por que hay más gente que podría inmediatamente reaccionar frente al derecho de autodeterminación que frente al derecho a decidir. ¿Cómo no voy a dejar decidir a alguien cómo prefiere vivir?  Pues parece ser que hay razones poderosas para ello.

No existe Estado que reconozca el derecho a la autodeterminación interior de una parte de su territorio. Ni siquiera los canadienses, que durante la década de los 90 hicieron un magnífico ejercicio de racionalidad sobre este asunto, y que dio lugar a la famosa “ley sobre la claridad” con la que acabaré este texto. Por lo tanto, solo se reconoce por los tratados internacionales el derecho a la autodeterminación por parte de la Comunidad Internacional a los pueblos sometidos a regímenes coloniales, que no gozan de instituciones democrático-liberales (en el sentido formal) y donde sus minorías se encuentran completamente subyugadas. Dicho de otro modo, es competencia de los Estados democráticos, el reconocimiento y el ejercicio del derecho de autodeterminación de sus partes.

¿Podría España reconocer el derecho a la autodeterminación de alguna CCAA? Podría; aunque parece bastante improbable que esto suceda. ¿Sería responsable plantear en qué términos podría darse una situación de independencia? Debería, aunque esto también resulte inimaginable. Habría que tener muchas cuestiones en cuenta:

El principio de democracia, al que se alega por parte del nacionalismo catalán, mediante el cual es democrático todo aquello que no dicen las leyes pero que a ojos de un pueblo permite su independencia es, por no decir algo más sonoro, completamente absurdo. La democracia liberal es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a representantes, que a su vez conforman unos gobiernos en virtud de mayorías parlamentarias. Esos gobiernos actúan, por mandato constitucional, únicamente dentro de la legalidad, con escrupuloso respeto por el Estado de Derecho. ¿Pueden actuar bajo principios defendidos legítimamente por una parte de la sociedad pero que no están recogidos en el ordenamiento constitucional? No.

Por otra parte, los gobiernos elegidos por las regiones, concretamente sus órganos ejecutivos, no son solamente resultado de las elecciones territoriales diversas; son a su vez, representación del Estado en sus respectivas CCAA. Por paradójico que parezca, son representantes de su comunidad en la medida en que lo son por delegación de competencias, pues sin la Ley Orgánica de su estatuto aprobadas por los representantes de la soberanía nacional, no existirían instituciones democráticas en dichas regiones. Resulta pintoresco entonces que la opresión de la que algunos se quejan se emita desde instituciones que nos hemos dado entre todos.

En este caso parece bastante clara la diferencia entre lo legítimo y lo legal. Parece obvio reconocer que cada grupo defiende de forma legítima sus posiciones con respecto a este tema, y que hay que considerar como serias y legítimas las aspiraciones de los grupos políticos y de una parte de la sociedad civil catalana que piden el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, muchos de ellos en función del deseo de independencia del resto.

Huelga decir que aquí no se entra en valorar por qué se ha llegado a esta situación y no es mi intención repartir culpas, porque no podríamos parar. Como en casi todo, podríamos encontrar responsabilidades en todas partes y tampoco creo que ayude ahora mismo a nada. Sí creo que ayuda manifestar que es una situación que yo no deseo, y solo hablaré por mi, para no cometer el error de nacionalistas de uno y otro signo que se atreven a erigirse en intérpretes de voluntades nacionales que no pueden determinarse.

Lo que si ayudaría es fijarse en algunos ejemplos. Canadá es uno de ellos. Canadá aprobó en el año 2000 su llamada “ley sobre la claridad” mediante la cual Canadá no reconoce el derecho a la secesión unilateral de Quebec, puesto que no aparece recogido ni en el derecho canadiense ni en el derecho internacional. Tampoco considera que el derecho de autodeterminación sea válido en el seno de Estados democráticos.

Ahora bien, en el caso de que se diera una manifestación clara sobre el deseo de secesión de una provincia, el gobierno de Canadá podría entablar negociaciones sobre la posibilidad de reconocer el derecho a la autodeterminación a dicha provincia, siempre considerado como un mal menor que evite situaciones catastróficas. En todo caso, dicha negociación requeriría del recurso a la legalidad constitucional vigente, reconociendo que para tal cosa debería reformarse primero la Constitución de Canadá, y consultar dicho cambio con la soberanía nacional canadiense.

En caso de que el derecho a la autodeterminación fuera incluido definitivamente en el ordenamiento jurídico de Canadá, la negociación debe hacerse con suma claridad –valga la redundancia-, pues el Estado no puede desprenderse de sus obligaciones en el caso de que no exista una parte muy significativa de la población que apoye la secesión. Y es que dicha secesión debería darse bajo los mismos principios fundamentales que originaron la posibilidad de independencia: libertad, democracia, no discriminación y respeto a las minorías. Dicho de otro modo, no valdría una mayoría del 51% y la pregunta debería ser perfectamente clara y neutra.

En ese caso, y solo en ese caso, Quebec sería Estado independiente. Desde que se aprobó esta ley, la unidad de Canadá como Estado federal es cada vez menos cuestionada.

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