PODEMOS hacerlo mejor…

No soy partidario de hablar de PODEMOS. Creo que cualquier crítica hacia ellos se convierte en un mayor número de votos para esa formación, no se toma en consideración y tiende a perderse entre el maniqueismo de quienes les apoyan y quienes no; y todo esto, que puede resultar injusto, habla mucho de cómo hemos dejado degenerar las cosas antes de plantear las medidas racionales y necesarias que la gente salga del atolladero. Si los problemas se atajan a tiempo no generan la pasión irracional de los adeptos —o adictos—, que llevan a situaciones como la que me dispongo a describir. Acepto, como es natural, todo tipo de enmiendas.

Creo que PODEMOS ha perdido varias oportunidades en las últimas semanas. La primera de ellas es configurar un partido mediante asamblea abierta que ha dado como resultado un sistema de organización interna que admite con muchas dificultades la entrada de la crítica interna en la dirigencia. Del programa económico, que no es mi fuerte, prefiero no hablar en exceso, pero lo que sí adelanto es que no supone ninguna novedad y se limita a exponer aquello que los demás NO han hecho, o han hecho a medias; de modo que no se asumen riesgos ni se esgrimen propuestas rompedoras y coherentes.

Pero donde a mí particularmente más me están decepcionando —dentro de sus posibilidades, pues soy militante del PSOE—, es en el asunto de la corrupción y de la necesaria actitud ejemplar que se ha de adoptar en estos nuevos tiempos. PODEMOS se ha visto fuertemente favorecido por un discurso vertical basado en otro maniqueismo «PPSOE=casta=los privilegiados VS los no privilegiados=el pueblo». Frente a las actitudes, ciertamente deplorables, de muchos dirigentes políticos de izquierda y derecha en múltiples casos de corrupción, muchos quieren votar a PODEMOS por aquello de «hacer limpieza». Y, en parte, no les falta razón. Por otra, se olvidan de que, al final, somos los militantes de los otros partidos los que tenemos el deber de exigir un cambio de actitud y una asunción inmediata de responsabilidades a nuestros dirigentes.

Desgraciadamente, sea porque les están buscando la vuelta, o sea porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, o sea por casualidad, los casos de corrupción o las irregularidades que han salpicado en las últimas semanas a Pablo Iglesias —cobrar en negro sin pasar por la casilla de Montoro— e Íñigo Errejón —suspendido de empleo y sueldo de la universidad de Málaga por no tramitar correctamente el tema de las incompatibilidades— han sido afrontadas de una forma nada original para las costumbres de la vieja política: «TODO ES UNA CAMPAÑA CONTRA PODEMOS, ORQUESTADA POR LOS DEMÁS». Mientras, Pablo Iglesias, tan presente antes en medios de comunicación, está casi tan desaparecido como Rajoy.

Yo, exactamente igual que exigiré a los dirigentes de mi partido, esperaba una explicación pormenorizada, una petición de disculpas y todo ello desde el minuto primero, sin tener que atender a los vaivenes y las embestidas de la opinión pública. Esto, en el terreno de la actitud, deberá ser coherente con el terreno de los hechos, de las reacciones frente a sus errores.

De lo contrario, estaremos ante «príncipes del pueblo» que juegan en el terreno del absolutismo moral y de la obediencia ciega, tan de capa caída —y con razón—, en estos nuevos tiempos políticos. Si quieren seguir subiendo en las encuestas estaría bien que se acuerden de nuevo de que muchos los querían porque ofrecían cosas diferentes para tener resultados diferentes.

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SALVAR LAS ENSEÑANZAS. ¿REGENERAWHAT?

Solo el PP está dispuesto a sentarse encima del hormiguero mientras bajo él todo se mueve a una velocidad vertiginosa. Ayer, sin ir más lejos, Cayo Lara comunicó que no se presentará a las primarias de Izquierda Unida. Con este cambio, tan solo Rosa Díez y Mariano Rajoy aguantan como líderes visibles de los principales partidos —al menos en el Congreso— tras las elecciones europeas, aunque no porque hayan hecho muchos méritos.

Estos aires de novedad no solo tienen que ver con los cambios en las caras de los principales líderes. Forman parte de la respuesta de los partidos políticos a una necesidad de cambio que, por otro parte, no se limita únicamente a acabar con la lacra de la corrupción y los efectos de la crisis. Va más allá. Los españoles tienen otra cultura, otra manera de pensar. Nuestra media de edad ronda los 40 años, muchos no somos hijos de la dictadura y concebimos la democracia como la única forma de gobierno, pero esta ha de estar acorde a nuestros intereses y a nuestro futuro.

Desde luego que la utilidad de la democracia no la medimos o definimos mediante el grado de afininad o adhesión que podamos tener al pacto constitucional de 1978. Aquello ha alcanzado su caducidad en este último lustro. Apenas podemos encontrar instituciones, actores o colectivos que no estén puestos en cuestión: ¿tenemos un buen sistema electoral?, ¿funciona el sistema judicial?, ¿son los partidos políticos de la confianza de los ciudadanos?, ¿es la monarquía parlamentaria la única jefatura de Estado posible?, ¿el sistema autonómico funciona correctamente?, ¿para qué sirve el Senado?, ¿producen nuestras leyes laborales y nuestro tejido productivo una vida digna, sostenible y emancipadora para la mayoría?. Así hasta ciento.

Hoy, en España, quedan pocos —como el Presidente Rajoy— que se atrevan a decir que no son necesarios cambios políticos profundos. Las medidas de «regeneración» democrática han salido a la escena con tanta fuerza como lo haría Johnny Depp en una de sus películas. Lo malo es que no se trata de una ficción. Las necesidades y las urgencias son reales. Y para ello, el Regeneracionismo, con su dialéctica y su lenguaje, ha vuelto sin que durante la historia de España haya demostrado su utilidad en términos prácticos. ¿Recuerdan a Joaquín Costa? —era su máximo exponente tras el desastre del 98—.Todo lo más que se cumplió de su programa fue la llegada de sendos «cirujanos de hierro», salvapatrias que actuaban como mesías a los que molestaba todo aquello que no se moviera en su dirección. Antes que ellos se quedaron por el camino todos aquellos que, por su cuenta y riesgo, sin contar con el conjunto del país, trataron de sacar adelante un programa regeneracionista, dejando tras de sí un legado más bien pobre que jamás consiguió salvar el régimen político en el que les tocó operar; y con sus fracasos empeoraron la situación.

La película no va por ahí. En el párrafo anterior lo importante no es salvar el régimen político en el que nos toca operar. Una de las cosas que tiene mi generación es que no consideramos el consenso y la Constitución de 1978 como el fruto inconsumible e incuestionable de la Transición. La democracia, para nosotros, es la única forma posible de gobierno. Pero esta, en concreto, necesita mejorar. Lo importante, para mí, es que seamos capaces de ponernos de acuerdo acerca de cuestiones tan importantes como qué país queremos y cómo lo vamos a conseguir.

«¿Pactará usted con Podemos o con el PP?». Son preguntas que me molesta escuchar y que nos alejan del propósito real. Para alcanzarlo hace falta quitar lastre del pasado. No hay una España que salvar sino un país por reconstruir. Estos 36 años no nos los quita nadie, pero no volverán. Cuando lo tengamos claro, aprendamos del pasado y pongámonos de acuerdo por una vez en nuestra historia para reformar una Constitución que dure muchos años y que sea útil a nuestras generaciones.

Tanto si la quieres como si no: el Referéndum es bueno para la Monarquía.

Cuando Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor le hicieron un regalo envenenado. Sería Rey de España por la gracia de Franco. Nos guste o no este argumento, no deja de ser la realidad.

También es realidad, nos guste o no, que durante la transición, el Rey se encargó de hacer algo, lo que unos llaman un gesto de generosidad, y otros consideramos que era un deber histórico ineludible: posibilitar e incluso fomentar la instauración de un sistema democrático en España. Hacer simplemente a las personas, protagonistas de su futuro. Más o menos como el resto de espejos en quienes entonces España se miraba. Lo que entonces significaba Europa.

Sin embargo, aun con la Constitución aprobada y un par de elecciones generales celebradas, no todos reconocían al Rey como la figura esencial de ese cambio político. Suárez, Carrillo, Fraga, González, Blas Piñar…, otras eran las figuras que, para bien o para mal, acaparaban las miradas.

Desde un punto de vista jurídico- legal podría decirse que la Monarquía fue legitimada en el referendum constitucional. Pero también podría argumentarse, en este punto, que las circunstancias difíciles de esta etapa histórica determinaron que no se plantease decididamente, durante el proceso de elaboración de la Constitución, la cuestión sobre cuál debía ser la forma de la jefatura del Estado. Tan solo el PSOE emitió su voto particular y simbólico a favor de la República, toda vez que el PCE tuvo que pactar con Suárez unas clausulas para su legalización en las que se especificaba la necesidad de acatar la Monarquía para dar estabilidad al nuevo régimen democrático. Hay varios refranes que podrían ejemplarizar aquellas circunstancias: menos da una piedra; o más vale párajo en mano que ciento volando.

Así fue como las fuerzas mayoritarias de la izquierda política aceptaron la Monarquía en 1978. Ahora bien, durante aquellos años y bajo las élites políticas, muchos ciudadanos de la derecha autoritaria nunca perdonaron al Rey haberse desecho del régimen franquista. Muchos militantes de la izquierda comunista nunca perdonaron a Carrillo tan enorme cesión programática. Muchos militantes del PSOE tampoco comprendieron las buenas relaciones del partido con el Rey. En 1981, muchos empezaban a asociar al Rey con el denostado Suárez.

Todo cambió el 23 de Febrero de aquel año. Ese día el Rey apareció como salvador de un régimen político acuciado por el llamado desencanto, y sirvió para reafirmar en la conciencia de millones de españoles el valor de la democracia. No me refiero a esos españoles enórmemente politizados y activos. Hay otros millones de españoles que simplemente requerían de la transición un paso de un régimen a otro en orden y estabilidad. El significado de un Rey y de una Monarquía en semejante momento no podía ser más apropiado. Y aquí se formó un mito en su primera acepción. El rey protagonista de verdad. El rey heroe. El rey salvador. ¿Cómo podíamos haber llamado al Rey cobarde cuando nombró a Suárez? El rey ya era de todos los españoles.

Juan Carlos, cuya legitimidad legal estuvo condicionada por elementos contextuales e históricos innegables, alcanzó entonces una legitimidad carismática que ha posibilitado que una mayoría de personas se declaren, antes que monárquicas, juancarlistas. Tanto es así, que ese argumento, junto con un patriotismo constitucional bastante extendido, han suplido de una forma eficiente los cuestionamientos de legitimidad de origen a la Monarquía. Esto, repetido hasta la saciedad, también es una realidad.

Sin embargo, los últimos acontecimientos relacionados con la familia real conocidos han afeado un reinado que se prometía como el mejor de un Borbón en la historia de España. El cambio social derivado de los años de prosperidad, los avances en la comunicación a través de las nuevas teconologías o la pérdida del respeto histórico de buena parte del periodismo hacia la privacidad de gran parte de la familia real ya eran retos importantes con los que la Corona se enfrentaba. Pero los efectos de la crisis económica, social y política; el incidente de Bostwana; y, sobre todo, las salpicaduras de la corrupción hasta la infanta Cristina… Ha sido demasiado. La Monarquía sacaba una valoración de 3,7 en la última encuesta del CIS. Impensable hace un lustro.

Todos estos hechos han levantado ampollas en muchos sectores de la población que, lógicamente, se han preguntado por la utilidad del Rey cuando la gente lo pasa mal. Aunque sepamos que el Rey reina pero no gobierna, algunos le han pedido mayor involucración para conseguir acuerdos. Otros se han fijado en su posición opaca y de privilegio. La cuestión es que el Rey y sus asesores comprendieron, aunque tarde, que aunque su función sea más bien simbólica, no hay ejemplo que peor y más rápido caiga que un mito.

La caida de ese mito, para una buena parte de la sociedad, ha destapado las cuestiones de legitimidad de origen. Eso imposibilita un debate sosegado y sereno sobre la utilidad pasada, presente y futura de la Monarquía. ¿Es cierto que fue nombrado por Franco? ¿Es cierto que, por activa o por pasiva, hoy somos una democracia liberal homologable? ¿Es cierto que su legitimidad procede más de su carisma que de lo que pone en la Constitución? ¿Es cierto que hay más juancarlistas que monárquicos puros? Son preguntas demasiado fáciles para andar discutiendo.

Hay alguna cosa más que es una realidad. La historia de España demuestra que tenemos la tendencia a agotar los modelos políticos. Los reyes no suelen abdicar salvo Pactos de Ostende (1866) o de San Sebastián (1930). Mueren en el trono.

Yo, que tiendo a pensar bien de la gente, podría interpretar este gesto como el último de un hombre generoso al que hay más que agradecerle que reprocharle. Y mi recomendación a Felipe VI es que tome ejemplo y, via petición al Presidente del Gobierno, convoque un referendum entre Monarquía o República. Si sale la primera, que es lo más probable, nunca nadie podrá volver a decir que la Monarquía en España no tiene legitimidad democrática de origen. Si sale República, tenemos una Constitución que permite su reforma.

Cambios en la Conferencia Episcopal

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Parece que hay movimientos en la Iglesia española. Esta semana el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal de España (CEE), Martínez Camino, dirá adiós a su cargo y con ella los españoles nos despediremos de la cara que con más dureza ha criticado las leyes de gobiernos socialistas, o la inacción del gobierno del PP para acabar con ellas. En pocos meses será su todavía jefe, Antonio María Rouco Varela quien sea sustituído. Con esto, la Iglesia en España tiene una excelente oportunidad para con la sociedad.

Nadie duda precisamente de que la Iglesia española atraviesa un momento de gran desprestigio, paralelo a las instituciones civiles del país. Sin embargo, este binomio (crisis institucional – crisis eclesiástica) no siempre ha sido así. Durante el tardofranquismo y la Transición, si bien las instituciones de la dictadura atravesaban sus horas más bajas, la Conferencia Episcopal y su Presidente gozaban de una enorme popularidad entre una gran parte de los ciudadanos, especialmente entre los moderados, pero también entre aquellos que formaban parte activa de la oposición al régimen y ansiaban libertades y un sistema político democrático -y laico-. Esta buena imagen permitió que el entonces Cardenal Tarancón firmara unos concordatos treméndamente beneficiosos para la Iglesia, en un país que en su Constitución se declaraba “aconfesional”. Y es que históricamente, si tan solo juzgamos la popularidad y la imagen externa, a la Iglesia Católica siempre le ha ido mejor cuando no se ha mostrado extremista o ulramontana frente a la agenda social.

Por ello, estos tres meses que restan de cargo a Rouco Varela se presentan importantes. Según la prensa, el Papa Francisco quiere que los españoles puedan abandonar la reactividad que les producen las declaraciones de la Conferencia Episcopal. Parece dispuesto a centrarse más en la labor de beneficiencia y el servicio social, y menos en las disputas políticas o revisionismos históricos. Aun así, hay dudas de que el actual presidente vaya a dejar el camino libre sin  promocionar antes a un portavoz y secretario de su misma línea dura. Veremos.

Para terminar, lanzo la siguiente reflexión. La opacidad por la que pasa esta elección de nuevo Presidente, Secretario o Portavoz de la CEE entra en contradicción con las demandas de mayor transparencia de los procesos electivos en todo tipo de asociaciones, con independencia de su cercanía a las instituciones políticas y públicas. ¿Sería bueno para la Iglesia que sus cargos fueran elegidos entre los feligreses? ¿O aunque sea solo ante el clero? ¿No se obligarían los candidatos a dar la cara y a retratarse antes de enfrentarse a los poderes representativos? ¿No sería una buena forma de marcar la agenda y las prioridades de quienes son católicos? ¿Mejoraría entonces su cercanía? Es una suerte esto de que estén tan de moda las primarias…

Mi aclaración mental sobre el mal llamado derecho a decidir…

No dejamos últimamente de hablar sobre el marco de relaciones entre España y Cataluña. Sobre si podría darse una situación de declaración unilateral de independencia, previa consulta, y sus efectos jurídicos posteriores y nadie parece decirnos nada acerca de lo posible o lo probable en caso de que tal situación se diera definitivamente.

Se habla mucho del derecho a decidir Cataluña pero, ¿existe realmente? ¿bajo qué principios? Convendría que alguien nos aclarase estas cuestiones cuanto antes. Yo haré un esfuerzo de síntesis según lo que tengo entendido por un debate acalorado que tuve ayer.

El derecho a decidir se basa en el derecho de Cataluña a celebrar una consulta para decidir su propio futuro. Se entiende que la consulta es relativa a seguir -o más bien no seguir – perteneciendo a España. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de nación catalana. Si esto fuera correcto podríamos advertir claramente que el derecho a decidir es exactamente lo mismo al derecho a la autodeterminación.

¿Por qué se enmascara entonces? Imagino que se enmascara por que hay más gente que podría inmediatamente reaccionar frente al derecho de autodeterminación que frente al derecho a decidir. ¿Cómo no voy a dejar decidir a alguien cómo prefiere vivir?  Pues parece ser que hay razones poderosas para ello.

No existe Estado que reconozca el derecho a la autodeterminación interior de una parte de su territorio. Ni siquiera los canadienses, que durante la década de los 90 hicieron un magnífico ejercicio de racionalidad sobre este asunto, y que dio lugar a la famosa “ley sobre la claridad” con la que acabaré este texto. Por lo tanto, solo se reconoce por los tratados internacionales el derecho a la autodeterminación por parte de la Comunidad Internacional a los pueblos sometidos a regímenes coloniales, que no gozan de instituciones democrático-liberales (en el sentido formal) y donde sus minorías se encuentran completamente subyugadas. Dicho de otro modo, es competencia de los Estados democráticos, el reconocimiento y el ejercicio del derecho de autodeterminación de sus partes.

¿Podría España reconocer el derecho a la autodeterminación de alguna CCAA? Podría; aunque parece bastante improbable que esto suceda. ¿Sería responsable plantear en qué términos podría darse una situación de independencia? Debería, aunque esto también resulte inimaginable. Habría que tener muchas cuestiones en cuenta:

El principio de democracia, al que se alega por parte del nacionalismo catalán, mediante el cual es democrático todo aquello que no dicen las leyes pero que a ojos de un pueblo permite su independencia es, por no decir algo más sonoro, completamente absurdo. La democracia liberal es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a representantes, que a su vez conforman unos gobiernos en virtud de mayorías parlamentarias. Esos gobiernos actúan, por mandato constitucional, únicamente dentro de la legalidad, con escrupuloso respeto por el Estado de Derecho. ¿Pueden actuar bajo principios defendidos legítimamente por una parte de la sociedad pero que no están recogidos en el ordenamiento constitucional? No.

Por otra parte, los gobiernos elegidos por las regiones, concretamente sus órganos ejecutivos, no son solamente resultado de las elecciones territoriales diversas; son a su vez, representación del Estado en sus respectivas CCAA. Por paradójico que parezca, son representantes de su comunidad en la medida en que lo son por delegación de competencias, pues sin la Ley Orgánica de su estatuto aprobadas por los representantes de la soberanía nacional, no existirían instituciones democráticas en dichas regiones. Resulta pintoresco entonces que la opresión de la que algunos se quejan se emita desde instituciones que nos hemos dado entre todos.

En este caso parece bastante clara la diferencia entre lo legítimo y lo legal. Parece obvio reconocer que cada grupo defiende de forma legítima sus posiciones con respecto a este tema, y que hay que considerar como serias y legítimas las aspiraciones de los grupos políticos y de una parte de la sociedad civil catalana que piden el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, muchos de ellos en función del deseo de independencia del resto.

Huelga decir que aquí no se entra en valorar por qué se ha llegado a esta situación y no es mi intención repartir culpas, porque no podríamos parar. Como en casi todo, podríamos encontrar responsabilidades en todas partes y tampoco creo que ayude ahora mismo a nada. Sí creo que ayuda manifestar que es una situación que yo no deseo, y solo hablaré por mi, para no cometer el error de nacionalistas de uno y otro signo que se atreven a erigirse en intérpretes de voluntades nacionales que no pueden determinarse.

Lo que si ayudaría es fijarse en algunos ejemplos. Canadá es uno de ellos. Canadá aprobó en el año 2000 su llamada “ley sobre la claridad” mediante la cual Canadá no reconoce el derecho a la secesión unilateral de Quebec, puesto que no aparece recogido ni en el derecho canadiense ni en el derecho internacional. Tampoco considera que el derecho de autodeterminación sea válido en el seno de Estados democráticos.

Ahora bien, en el caso de que se diera una manifestación clara sobre el deseo de secesión de una provincia, el gobierno de Canadá podría entablar negociaciones sobre la posibilidad de reconocer el derecho a la autodeterminación a dicha provincia, siempre considerado como un mal menor que evite situaciones catastróficas. En todo caso, dicha negociación requeriría del recurso a la legalidad constitucional vigente, reconociendo que para tal cosa debería reformarse primero la Constitución de Canadá, y consultar dicho cambio con la soberanía nacional canadiense.

En caso de que el derecho a la autodeterminación fuera incluido definitivamente en el ordenamiento jurídico de Canadá, la negociación debe hacerse con suma claridad –valga la redundancia-, pues el Estado no puede desprenderse de sus obligaciones en el caso de que no exista una parte muy significativa de la población que apoye la secesión. Y es que dicha secesión debería darse bajo los mismos principios fundamentales que originaron la posibilidad de independencia: libertad, democracia, no discriminación y respeto a las minorías. Dicho de otro modo, no valdría una mayoría del 51% y la pregunta debería ser perfectamente clara y neutra.

En ese caso, y solo en ese caso, Quebec sería Estado independiente. Desde que se aprobó esta ley, la unidad de Canadá como Estado federal es cada vez menos cuestionada.

Bajar impuestos: ese peligroso mantra…

El PP está perpetuando una preferencia programática muy arraigada ya en nuestra cultura política: y es que un partido que no promete una bajada de los impuestos (en general) no es capaz de articular una oferta de política económica viable. Ya se inició esa moda en 1996 con el Gobierno de Aznar, la siguió Zapatero cuando afirmaba aquello de que “bajar impuestos también es de izquierdas” y ahora parece ser que el debate va de nuevo encaminado a apuntalar estas tesis, descontextualizada y como un fin en si mismo. Y lo está haciendo paradójicamente a través de un debate interno que se reproduce en las tertulias y los principales medios de comunicación, más pendientes de lo que este debate supone dentro del liderazgo del PP que en la importancia de reordenar la política fiscal en España que, en realidad, no es un fin sino un instrumento de política económica que debe adecuarse a las necesidades de la economía.

Porque efectivamente, el debate sobre fiscalidad es fundamental para el futuro, porque a mi modo de ver, después del sistema territorial y electoral,  el fiscal es el  tercer puntal del Estado que más hecho añicos está de nuestro país, porque en parte explica las dificultades para luchar contra la crisis económica que padecemos.

Pero el debate entre el Gobierno de Mariano Rajoy, donde se sostiene que han tenido que subir los impuestos para evitar el rescate, y ahora de repente se habla de que nos salvaron de un “crack”, de una “bancarrota” –véase editoriales de ABC o La Razón de hoy-; y Esperanza Aguirre, que exige una bajada generalizada de los impuestos para cumplir con el programa electoral, lo que no deja de ser otra oportunidad aprovechada por Aguirre de meterle el dedo en el ojo al Gobierno aprovechando una propuesta socialista para salir de la crisis. Este debate  está dando como resultado que el Gobierno prometa que, en cuanto pueda, -es decir, en cuanto la situación económica mejore- acometerá una bajada generalizada de los impuestos, igual que lo hiciera Aznar en su día. De esta forma se trata de perpetuar la opción por la política fiscal cíclica mediante la cual en épocas de expansión bajamos los impuestos para que, cuando llegue otra crisis nos veamos con el agua al cuello y no tengamos otra opción que añadir al paro, un aumento de la presión fiscal que vuelva a castigar la actividad y el consumo. Esta será la consecuencia de no explicar correctamente cual es el deber del Estado con respecto al sistema fiscal, sostenedor en primera instancia de los servicios públicos esenciales que son los que, finalmente se verían sometidos a más recortes.

Bajar los impuestos es probablemente la opción más recomendable en época de recesión, y además estaría bien aumentar el gasto público, especialmente en inversiones productivas. El problema es que España se comió su margen de reducción de impuestos durante la época de bonanza mientras gastaba por doquier en obras faraónicas, ladrillo y escasas inversiones para modernizar y diversificar la estructura productiva. Al calor de un crecimiento que ahora sabemos que fue artificial, hicimos una política fiscal cíclica –bajar los impuestos y aumentar los gastos- y para luchar contra la crisis seguimos haciendo una política fiscal –subir los impuestos y recortar los gastos- que ahonda la crisis, especialmente de los que menos tienen. La solución por tanto es complicada y compleja. ¿Qué hacer? Ahí está la cuestión. Parece claro que el fracaso de la receta de la austeridad está dando lugar a debates sobre cómo crecer lo suficiente para crear empleo. Pero hay un debate de fondo que es el que más sufre la gente: ¿la prioridad de crecer será de nuevo para pagar la deuda o para garantizar un sistema de bienestar? ¿o mejor hacemos lo que en tiempos de bonanza fuimos incapaces de acometer, que es una diversificación, modernización e internacionalización de nuestra actividad? ¿se pueden hacer las dos cosas? Para responder a todo ello es necesario tener claras las prioridades de nuestra política fiscal  en el futuro y realizar las propuestas políticas que esas prioridades permitan.