PODEMOS hacerlo mejor…

No soy partidario de hablar de PODEMOS. Creo que cualquier crítica hacia ellos se convierte en un mayor número de votos para esa formación, no se toma en consideración y tiende a perderse entre el maniqueismo de quienes les apoyan y quienes no; y todo esto, que puede resultar injusto, habla mucho de cómo hemos dejado degenerar las cosas antes de plantear las medidas racionales y necesarias que la gente salga del atolladero. Si los problemas se atajan a tiempo no generan la pasión irracional de los adeptos —o adictos—, que llevan a situaciones como la que me dispongo a describir. Acepto, como es natural, todo tipo de enmiendas.

Creo que PODEMOS ha perdido varias oportunidades en las últimas semanas. La primera de ellas es configurar un partido mediante asamblea abierta que ha dado como resultado un sistema de organización interna que admite con muchas dificultades la entrada de la crítica interna en la dirigencia. Del programa económico, que no es mi fuerte, prefiero no hablar en exceso, pero lo que sí adelanto es que no supone ninguna novedad y se limita a exponer aquello que los demás NO han hecho, o han hecho a medias; de modo que no se asumen riesgos ni se esgrimen propuestas rompedoras y coherentes.

Pero donde a mí particularmente más me están decepcionando —dentro de sus posibilidades, pues soy militante del PSOE—, es en el asunto de la corrupción y de la necesaria actitud ejemplar que se ha de adoptar en estos nuevos tiempos. PODEMOS se ha visto fuertemente favorecido por un discurso vertical basado en otro maniqueismo «PPSOE=casta=los privilegiados VS los no privilegiados=el pueblo». Frente a las actitudes, ciertamente deplorables, de muchos dirigentes políticos de izquierda y derecha en múltiples casos de corrupción, muchos quieren votar a PODEMOS por aquello de «hacer limpieza». Y, en parte, no les falta razón. Por otra, se olvidan de que, al final, somos los militantes de los otros partidos los que tenemos el deber de exigir un cambio de actitud y una asunción inmediata de responsabilidades a nuestros dirigentes.

Desgraciadamente, sea porque les están buscando la vuelta, o sea porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, o sea por casualidad, los casos de corrupción o las irregularidades que han salpicado en las últimas semanas a Pablo Iglesias —cobrar en negro sin pasar por la casilla de Montoro— e Íñigo Errejón —suspendido de empleo y sueldo de la universidad de Málaga por no tramitar correctamente el tema de las incompatibilidades— han sido afrontadas de una forma nada original para las costumbres de la vieja política: «TODO ES UNA CAMPAÑA CONTRA PODEMOS, ORQUESTADA POR LOS DEMÁS». Mientras, Pablo Iglesias, tan presente antes en medios de comunicación, está casi tan desaparecido como Rajoy.

Yo, exactamente igual que exigiré a los dirigentes de mi partido, esperaba una explicación pormenorizada, una petición de disculpas y todo ello desde el minuto primero, sin tener que atender a los vaivenes y las embestidas de la opinión pública. Esto, en el terreno de la actitud, deberá ser coherente con el terreno de los hechos, de las reacciones frente a sus errores.

De lo contrario, estaremos ante «príncipes del pueblo» que juegan en el terreno del absolutismo moral y de la obediencia ciega, tan de capa caída —y con razón—, en estos nuevos tiempos políticos. Si quieren seguir subiendo en las encuestas estaría bien que se acuerden de nuevo de que muchos los querían porque ofrecían cosas diferentes para tener resultados diferentes.

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Bajar impuestos: ese peligroso mantra…

El PP está perpetuando una preferencia programática muy arraigada ya en nuestra cultura política: y es que un partido que no promete una bajada de los impuestos (en general) no es capaz de articular una oferta de política económica viable. Ya se inició esa moda en 1996 con el Gobierno de Aznar, la siguió Zapatero cuando afirmaba aquello de que “bajar impuestos también es de izquierdas” y ahora parece ser que el debate va de nuevo encaminado a apuntalar estas tesis, descontextualizada y como un fin en si mismo. Y lo está haciendo paradójicamente a través de un debate interno que se reproduce en las tertulias y los principales medios de comunicación, más pendientes de lo que este debate supone dentro del liderazgo del PP que en la importancia de reordenar la política fiscal en España que, en realidad, no es un fin sino un instrumento de política económica que debe adecuarse a las necesidades de la economía.

Porque efectivamente, el debate sobre fiscalidad es fundamental para el futuro, porque a mi modo de ver, después del sistema territorial y electoral,  el fiscal es el  tercer puntal del Estado que más hecho añicos está de nuestro país, porque en parte explica las dificultades para luchar contra la crisis económica que padecemos.

Pero el debate entre el Gobierno de Mariano Rajoy, donde se sostiene que han tenido que subir los impuestos para evitar el rescate, y ahora de repente se habla de que nos salvaron de un “crack”, de una “bancarrota” –véase editoriales de ABC o La Razón de hoy-; y Esperanza Aguirre, que exige una bajada generalizada de los impuestos para cumplir con el programa electoral, lo que no deja de ser otra oportunidad aprovechada por Aguirre de meterle el dedo en el ojo al Gobierno aprovechando una propuesta socialista para salir de la crisis. Este debate  está dando como resultado que el Gobierno prometa que, en cuanto pueda, -es decir, en cuanto la situación económica mejore- acometerá una bajada generalizada de los impuestos, igual que lo hiciera Aznar en su día. De esta forma se trata de perpetuar la opción por la política fiscal cíclica mediante la cual en épocas de expansión bajamos los impuestos para que, cuando llegue otra crisis nos veamos con el agua al cuello y no tengamos otra opción que añadir al paro, un aumento de la presión fiscal que vuelva a castigar la actividad y el consumo. Esta será la consecuencia de no explicar correctamente cual es el deber del Estado con respecto al sistema fiscal, sostenedor en primera instancia de los servicios públicos esenciales que son los que, finalmente se verían sometidos a más recortes.

Bajar los impuestos es probablemente la opción más recomendable en época de recesión, y además estaría bien aumentar el gasto público, especialmente en inversiones productivas. El problema es que España se comió su margen de reducción de impuestos durante la época de bonanza mientras gastaba por doquier en obras faraónicas, ladrillo y escasas inversiones para modernizar y diversificar la estructura productiva. Al calor de un crecimiento que ahora sabemos que fue artificial, hicimos una política fiscal cíclica –bajar los impuestos y aumentar los gastos- y para luchar contra la crisis seguimos haciendo una política fiscal –subir los impuestos y recortar los gastos- que ahonda la crisis, especialmente de los que menos tienen. La solución por tanto es complicada y compleja. ¿Qué hacer? Ahí está la cuestión. Parece claro que el fracaso de la receta de la austeridad está dando lugar a debates sobre cómo crecer lo suficiente para crear empleo. Pero hay un debate de fondo que es el que más sufre la gente: ¿la prioridad de crecer será de nuevo para pagar la deuda o para garantizar un sistema de bienestar? ¿o mejor hacemos lo que en tiempos de bonanza fuimos incapaces de acometer, que es una diversificación, modernización e internacionalización de nuestra actividad? ¿se pueden hacer las dos cosas? Para responder a todo ello es necesario tener claras las prioridades de nuestra política fiscal  en el futuro y realizar las propuestas políticas que esas prioridades permitan.

La lista de la compra

la fotoUna reforma electoral; una nueva ley hipotecaria; la ley de transparencia; reformar el modelo territorial; frenar el desempleo -especialmente entre los jóvenes-; saber por donde queremos crecer; garantizar los servicios públicos esenciales; recuperar la autoestima; cambiar partidos y sindicatos… Todo esto aderezado con una dosis de crisis institucional, porque para que una de las instituciones mejor valoradas sea la judicatura y la menor la Monarquía, hay que dar por hecho que existe tal cosa. Y a grandes males, grandes remedios: la lista de la compra en España se llama reforma constitucional.

Este es, a groso modo, el trabajo que tiene por delante nuestro país de cara a la próxima década. Tantas y tantas cosas que hacer y qué poquito ímpetu. Como diría aquel, “demasiado collar para tan poco perro”. ¿Se pueden imaginar ustedes la cantidad de trabajo que puede costar en España –el país de la Constitución del consenso y “hasta nunca”- hacer todo esto? Ustedes imagínense que acabamos de comprar una casa –imaginando mucho hasta podemos pensar que nos dan la hipoteca fácilmente- pero que tenemos que hacer una reforma  porque hemos descubierto problemas en la estructura que va a costar meses solventar. Todo ello supondrá mirar presupuestos de todo tipo y pensar en un sinfín de decisiones que van a abarcar tu vida durante unos pocos meses. Y que de repente, te llega un albañil, de los de toda la vida –imaginen, imaginen que alguno queda- y te dice: “¡Buag! ¿Esto tres meses? ¿tres meses? ¿tres…? Esto, señor, se lo arreglo yo en cuatro semanas y con la gorra”.

Pues bien, yo hace tiempo que pienso que nuestro gobierno no tiene ni rango de albañil: es un peón ordinario. No tengo nada contra los peones ordinarios, conozco algunos y tengo cariño hacia todo lo que tiene que ver el gremio que me ha dado de comer tantos años (y me sigue dando, afortunadamente para mi familia). Pero un peón ordinario no sabe de estructuras. No le es tan fácil, a priori, detectar fallos en la estructura más profundos de lo que a simple vista pueden parecer. Nuestra lista de la compra es amplia y aquí nadie abre de verdad el melón de la reforma constitucional. Aunque, a decir verdad, quizá lo grave de nuestra situación es que incluso un peón ordinario puede sentirla a simple vista, seguramente porque es quien más la sufre.

Políticamente, ningún Estado con el cuadro que presenta España puede sobrevivir muchos más años si no se plantea “¿quién soy?”, “¿de dónde vengo?” y “¿a dónde voy?”. Aquí no nos planteamos tal cosa, sino que recortamos todo aquello que garantiza una mínima solidaridad, empobreciéndonos cada día más y resignándonos a ser el país más desigual de Europa mientras rescatamos bancos y mantenemos subvenciones millonarias en sectores privados cuyos directivos cobran medio kilo al año y/o viven como curas, a la par que lamentamos la cantidad de personas “de la calle” acuden a un centro de beneficencia para que le ofrezcan lo mínimo para subsistir. ¿No querían neoliberalismo? Pues tomen dos tazas.

Los partidos políticos mayoritarios no parecen tener prisa en abrir de verdad el melón constitucional y eso que para tocar el modelo electoral es necesario; para tocar el modelo territorial es necesario; para reformar partidos y sindicatos es necesario; e incluso para garantizar los derechos y para saber hacia donde tienen que ir nuestros principios de política social y económica parece necesario. No digamos si es necesario para reformar la corona; e incluso también para legitimar un régimen democrático que, tal como está, ya no es ejemplo de nada más que de podredumbre.