El extraño fenómeno de Tomás Gómez

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«Modera tu tono», «no seas tan agresivo», «rebaja esa agresividad», «algún día te envenenarás». Estas son las palabras que yo mismo le dirigía a un militante del PSOE madrileño aficionado a subir a las tribunas de los Comités Regionales en Madrid. Yo se lo comentaba entonces como estudiante de Ciencias Políticas, harto de decirles que no a quienes me insinuaban que militara en las Juventudes del PSM. Ver las luchas intestinas entre los «tomasistas» y «antitomasistas» me ponía cardiaco. He de añadir que, por aquel entonces, el PSM me parecía todavía más atractivo que ahora.

A fuerza de estar «en la capi» intenté comprender el fenómeno político de Tomás Gómez y jamás logré encontrar en él nada que pudiera atraerme lo más mínimo. ¿Cómo un tipo que encadena tantas derrotas estrepitosas puede generar tantos adictos políticos?

Sí, era Alcalde de una de las ciudades del cinturón sur de Madrid, entonces conocido como «cinturón rojo». Sí, es Licenciado en Ciencias Económicas…y no se le conoce otro trabajo que la política. Aunque no soy yo quien opina que los políticos tengan que pasar necesariamente por el mundo privado previamente si su acción política delata una vocación transformadora manifiesta, pero me hubiera dado alguna pista al respecto. Y sí, ha ganado cada una de las elecciones internas a las que se ha presentado, Congresos y Primarias. Y sí, era el líder del Partido y, por su mano pasaban las migajas de los cargos remunerados correspondientes al principal partido de la oposición.

Pero, ahora que lo destituyen como Secretario General, parece que hay quienes encuentran en Tomás un compañero de viaje para denunciar a la ejecutiva federal por sectarismo, abuso de poder o autoritarismo reclamando democracia.

Quienes ahora defienden a Gómez han de acordarse que fue el mismo Gómez el que montó gestoras allí donde la candidatura de Trinidad Jiménez ganó en las primarias de 2010. Que fue el mismo Tomás Gómez quien se cargó a José Cepeda como Vicepresidente de su Grupo Parlamentario tras apoyar a la otra candidatura en 2012. O que ha sido el propio Gómez quien lleva capitaneando el PSM con estilo «51-49» durante tanto tiempo que ha dejado la militancia en la mitad y el porcentaje de voto hundido sin hacer un ápice de autocrítica. En definitiva, quienes critican lo de Tomás Gómez deberían preguntarse primero si ellos hubieran soportado ni un solo minuto de las últimas décadas de comportamientos sectarios e infantiloides anidados en Madrid.

Como ya he dicho por ahí, esto es un cataclismo necesario en el PSOE. Ahora, una Comisión Gestora, que no solo tiene las funciones ejecutivas de nombrar una Comisión electoral para elegir un nuevo candidato, se tendrá que ocupar de analizar el estado del partido, e intentar perfeccionar la predisposición a comportamientos más responsables en política Un gran tipo como Ángel Gabilondo puede ayudar en esa tarea.

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Tanto si la quieres como si no: el Referéndum es bueno para la Monarquía.

Cuando Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor le hicieron un regalo envenenado. Sería Rey de España por la gracia de Franco. Nos guste o no este argumento, no deja de ser la realidad.

También es realidad, nos guste o no, que durante la transición, el Rey se encargó de hacer algo, lo que unos llaman un gesto de generosidad, y otros consideramos que era un deber histórico ineludible: posibilitar e incluso fomentar la instauración de un sistema democrático en España. Hacer simplemente a las personas, protagonistas de su futuro. Más o menos como el resto de espejos en quienes entonces España se miraba. Lo que entonces significaba Europa.

Sin embargo, aun con la Constitución aprobada y un par de elecciones generales celebradas, no todos reconocían al Rey como la figura esencial de ese cambio político. Suárez, Carrillo, Fraga, González, Blas Piñar…, otras eran las figuras que, para bien o para mal, acaparaban las miradas.

Desde un punto de vista jurídico- legal podría decirse que la Monarquía fue legitimada en el referendum constitucional. Pero también podría argumentarse, en este punto, que las circunstancias difíciles de esta etapa histórica determinaron que no se plantease decididamente, durante el proceso de elaboración de la Constitución, la cuestión sobre cuál debía ser la forma de la jefatura del Estado. Tan solo el PSOE emitió su voto particular y simbólico a favor de la República, toda vez que el PCE tuvo que pactar con Suárez unas clausulas para su legalización en las que se especificaba la necesidad de acatar la Monarquía para dar estabilidad al nuevo régimen democrático. Hay varios refranes que podrían ejemplarizar aquellas circunstancias: menos da una piedra; o más vale párajo en mano que ciento volando.

Así fue como las fuerzas mayoritarias de la izquierda política aceptaron la Monarquía en 1978. Ahora bien, durante aquellos años y bajo las élites políticas, muchos ciudadanos de la derecha autoritaria nunca perdonaron al Rey haberse desecho del régimen franquista. Muchos militantes de la izquierda comunista nunca perdonaron a Carrillo tan enorme cesión programática. Muchos militantes del PSOE tampoco comprendieron las buenas relaciones del partido con el Rey. En 1981, muchos empezaban a asociar al Rey con el denostado Suárez.

Todo cambió el 23 de Febrero de aquel año. Ese día el Rey apareció como salvador de un régimen político acuciado por el llamado desencanto, y sirvió para reafirmar en la conciencia de millones de españoles el valor de la democracia. No me refiero a esos españoles enórmemente politizados y activos. Hay otros millones de españoles que simplemente requerían de la transición un paso de un régimen a otro en orden y estabilidad. El significado de un Rey y de una Monarquía en semejante momento no podía ser más apropiado. Y aquí se formó un mito en su primera acepción. El rey protagonista de verdad. El rey heroe. El rey salvador. ¿Cómo podíamos haber llamado al Rey cobarde cuando nombró a Suárez? El rey ya era de todos los españoles.

Juan Carlos, cuya legitimidad legal estuvo condicionada por elementos contextuales e históricos innegables, alcanzó entonces una legitimidad carismática que ha posibilitado que una mayoría de personas se declaren, antes que monárquicas, juancarlistas. Tanto es así, que ese argumento, junto con un patriotismo constitucional bastante extendido, han suplido de una forma eficiente los cuestionamientos de legitimidad de origen a la Monarquía. Esto, repetido hasta la saciedad, también es una realidad.

Sin embargo, los últimos acontecimientos relacionados con la familia real conocidos han afeado un reinado que se prometía como el mejor de un Borbón en la historia de España. El cambio social derivado de los años de prosperidad, los avances en la comunicación a través de las nuevas teconologías o la pérdida del respeto histórico de buena parte del periodismo hacia la privacidad de gran parte de la familia real ya eran retos importantes con los que la Corona se enfrentaba. Pero los efectos de la crisis económica, social y política; el incidente de Bostwana; y, sobre todo, las salpicaduras de la corrupción hasta la infanta Cristina… Ha sido demasiado. La Monarquía sacaba una valoración de 3,7 en la última encuesta del CIS. Impensable hace un lustro.

Todos estos hechos han levantado ampollas en muchos sectores de la población que, lógicamente, se han preguntado por la utilidad del Rey cuando la gente lo pasa mal. Aunque sepamos que el Rey reina pero no gobierna, algunos le han pedido mayor involucración para conseguir acuerdos. Otros se han fijado en su posición opaca y de privilegio. La cuestión es que el Rey y sus asesores comprendieron, aunque tarde, que aunque su función sea más bien simbólica, no hay ejemplo que peor y más rápido caiga que un mito.

La caida de ese mito, para una buena parte de la sociedad, ha destapado las cuestiones de legitimidad de origen. Eso imposibilita un debate sosegado y sereno sobre la utilidad pasada, presente y futura de la Monarquía. ¿Es cierto que fue nombrado por Franco? ¿Es cierto que, por activa o por pasiva, hoy somos una democracia liberal homologable? ¿Es cierto que su legitimidad procede más de su carisma que de lo que pone en la Constitución? ¿Es cierto que hay más juancarlistas que monárquicos puros? Son preguntas demasiado fáciles para andar discutiendo.

Hay alguna cosa más que es una realidad. La historia de España demuestra que tenemos la tendencia a agotar los modelos políticos. Los reyes no suelen abdicar salvo Pactos de Ostende (1866) o de San Sebastián (1930). Mueren en el trono.

Yo, que tiendo a pensar bien de la gente, podría interpretar este gesto como el último de un hombre generoso al que hay más que agradecerle que reprocharle. Y mi recomendación a Felipe VI es que tome ejemplo y, via petición al Presidente del Gobierno, convoque un referendum entre Monarquía o República. Si sale la primera, que es lo más probable, nunca nadie podrá volver a decir que la Monarquía en España no tiene legitimidad democrática de origen. Si sale República, tenemos una Constitución que permite su reforma.

Para llegar a Suárez

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Es curioso este mundo. Hace pocas horas que ha muerto Suárez: un Presidente del Gobierno importante en la memoria reciente de España que ha muerto sin recordar lo importante que fue su figura. Desde hace varios días, y en particular desde hace unas horas, desde el momento de su muerte, la televisión y otros medios de comunicación se encargan de recordárnoslo a nosotros: a los que vivieron su etapa y a los que no habíamos nacido.

Es importante, sin embargo, tener algo bien presente. En  la mayoría de ocasiones se ha contado la historia de nuestra transición política desde el punto de vista de las élites políticas, de los actores fundamentales. Y el relato oficial ha sido reproducido una y mil veces con objeto de conmemoraciones y efemérides de aquel proceso histórico hacia la democracia (que si Torcuato Fernández Miranda…que si el harakiri de las Cortes de Franco…). Pero a menudo nos olvidamos de la verdadera perspectiva de lo político.

Para llegar a Suárez primero hubo un fuerte movimiento estudiantil, que luchaba por la democracia y la libertad. Para llegar a Suárez, muchos empresarios vieron la utilidad de la democracia como parapeto para llegar a Europa; para llegar a Suárez las huelgas salieron de los polos industriales y se extendieron por el país; para llegar a Suárez tuvieron que estrellarse con Arias Navarro; para llegar a Suárez, Tarancón tuvo que pedir perdón ;para llegar Suárez se formaron juntas, plataformas y “platajuntas” de partidos políticos que luchaban por lo que consiguieron; para llegar a Suárez, Carrillo jugó al ratón con peluca; para llegar a Suárez aparecieron nuevos movimientos sociales antes desconocidos; para llegar a Suárez hubo que perder el miedo a posicionarse. Porque, para llegar a Suárez, hubo antes quienes provocaron un Suárez, el harakiri y otras tantas cosas.

Ahí se encuentra el mérito de Suárez y la verdadera perspectiva de lo político. La transición fue un momento exponencial de servicio público en el que Suárez elevó a “la categoría de normal, lo que en la calle es sencillamente normal”.

Cabe preguntarse sobre si Adolfo Suárez fue imprescindible para la transición. Si aquel proceso lo tomamos como un fin en si mismo, es evidente que, sin él, hoy no seríamos lo que somos. Es decir, no me olvido de la legalización de los partidos, ni de las amnistías, ni de las elecciones, ni de la ley para la reforma política, ni de la Constitución, ni de otros grandes logros de su mandato. Pero todo ello hay que ponerlo, también, en el debe de muchas personas. Pues no solo buenos carácteres y carismas hacen política.

Tomemos a partir de ahora la transición como un proceso colectivo de amplia movilización, plagado de incertidumbres, y que no dependía tan solo de 4 cabezas pensantes. En ese escenario la institución del Presidente del Gobierno se torna menos importante, se diluye entre mil variables. Y en ese momento Suárez brilla mucho más que otros, porque su cabeza no tuvo que rodar para que en España hubiera Constitución y una jovenzuela restauración de la democracia.

Cambios en la Conferencia Episcopal

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Parece que hay movimientos en la Iglesia española. Esta semana el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal de España (CEE), Martínez Camino, dirá adiós a su cargo y con ella los españoles nos despediremos de la cara que con más dureza ha criticado las leyes de gobiernos socialistas, o la inacción del gobierno del PP para acabar con ellas. En pocos meses será su todavía jefe, Antonio María Rouco Varela quien sea sustituído. Con esto, la Iglesia en España tiene una excelente oportunidad para con la sociedad.

Nadie duda precisamente de que la Iglesia española atraviesa un momento de gran desprestigio, paralelo a las instituciones civiles del país. Sin embargo, este binomio (crisis institucional – crisis eclesiástica) no siempre ha sido así. Durante el tardofranquismo y la Transición, si bien las instituciones de la dictadura atravesaban sus horas más bajas, la Conferencia Episcopal y su Presidente gozaban de una enorme popularidad entre una gran parte de los ciudadanos, especialmente entre los moderados, pero también entre aquellos que formaban parte activa de la oposición al régimen y ansiaban libertades y un sistema político democrático -y laico-. Esta buena imagen permitió que el entonces Cardenal Tarancón firmara unos concordatos treméndamente beneficiosos para la Iglesia, en un país que en su Constitución se declaraba “aconfesional”. Y es que históricamente, si tan solo juzgamos la popularidad y la imagen externa, a la Iglesia Católica siempre le ha ido mejor cuando no se ha mostrado extremista o ulramontana frente a la agenda social.

Por ello, estos tres meses que restan de cargo a Rouco Varela se presentan importantes. Según la prensa, el Papa Francisco quiere que los españoles puedan abandonar la reactividad que les producen las declaraciones de la Conferencia Episcopal. Parece dispuesto a centrarse más en la labor de beneficiencia y el servicio social, y menos en las disputas políticas o revisionismos históricos. Aun así, hay dudas de que el actual presidente vaya a dejar el camino libre sin  promocionar antes a un portavoz y secretario de su misma línea dura. Veremos.

Para terminar, lanzo la siguiente reflexión. La opacidad por la que pasa esta elección de nuevo Presidente, Secretario o Portavoz de la CEE entra en contradicción con las demandas de mayor transparencia de los procesos electivos en todo tipo de asociaciones, con independencia de su cercanía a las instituciones políticas y públicas. ¿Sería bueno para la Iglesia que sus cargos fueran elegidos entre los feligreses? ¿O aunque sea solo ante el clero? ¿No se obligarían los candidatos a dar la cara y a retratarse antes de enfrentarse a los poderes representativos? ¿No sería una buena forma de marcar la agenda y las prioridades de quienes son católicos? ¿Mejoraría entonces su cercanía? Es una suerte esto de que estén tan de moda las primarias…

Mi aclaración mental sobre el mal llamado derecho a decidir…

No dejamos últimamente de hablar sobre el marco de relaciones entre España y Cataluña. Sobre si podría darse una situación de declaración unilateral de independencia, previa consulta, y sus efectos jurídicos posteriores y nadie parece decirnos nada acerca de lo posible o lo probable en caso de que tal situación se diera definitivamente.

Se habla mucho del derecho a decidir Cataluña pero, ¿existe realmente? ¿bajo qué principios? Convendría que alguien nos aclarase estas cuestiones cuanto antes. Yo haré un esfuerzo de síntesis según lo que tengo entendido por un debate acalorado que tuve ayer.

El derecho a decidir se basa en el derecho de Cataluña a celebrar una consulta para decidir su propio futuro. Se entiende que la consulta es relativa a seguir -o más bien no seguir – perteneciendo a España. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de nación catalana. Si esto fuera correcto podríamos advertir claramente que el derecho a decidir es exactamente lo mismo al derecho a la autodeterminación.

¿Por qué se enmascara entonces? Imagino que se enmascara por que hay más gente que podría inmediatamente reaccionar frente al derecho de autodeterminación que frente al derecho a decidir. ¿Cómo no voy a dejar decidir a alguien cómo prefiere vivir?  Pues parece ser que hay razones poderosas para ello.

No existe Estado que reconozca el derecho a la autodeterminación interior de una parte de su territorio. Ni siquiera los canadienses, que durante la década de los 90 hicieron un magnífico ejercicio de racionalidad sobre este asunto, y que dio lugar a la famosa “ley sobre la claridad” con la que acabaré este texto. Por lo tanto, solo se reconoce por los tratados internacionales el derecho a la autodeterminación por parte de la Comunidad Internacional a los pueblos sometidos a regímenes coloniales, que no gozan de instituciones democrático-liberales (en el sentido formal) y donde sus minorías se encuentran completamente subyugadas. Dicho de otro modo, es competencia de los Estados democráticos, el reconocimiento y el ejercicio del derecho de autodeterminación de sus partes.

¿Podría España reconocer el derecho a la autodeterminación de alguna CCAA? Podría; aunque parece bastante improbable que esto suceda. ¿Sería responsable plantear en qué términos podría darse una situación de independencia? Debería, aunque esto también resulte inimaginable. Habría que tener muchas cuestiones en cuenta:

El principio de democracia, al que se alega por parte del nacionalismo catalán, mediante el cual es democrático todo aquello que no dicen las leyes pero que a ojos de un pueblo permite su independencia es, por no decir algo más sonoro, completamente absurdo. La democracia liberal es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a representantes, que a su vez conforman unos gobiernos en virtud de mayorías parlamentarias. Esos gobiernos actúan, por mandato constitucional, únicamente dentro de la legalidad, con escrupuloso respeto por el Estado de Derecho. ¿Pueden actuar bajo principios defendidos legítimamente por una parte de la sociedad pero que no están recogidos en el ordenamiento constitucional? No.

Por otra parte, los gobiernos elegidos por las regiones, concretamente sus órganos ejecutivos, no son solamente resultado de las elecciones territoriales diversas; son a su vez, representación del Estado en sus respectivas CCAA. Por paradójico que parezca, son representantes de su comunidad en la medida en que lo son por delegación de competencias, pues sin la Ley Orgánica de su estatuto aprobadas por los representantes de la soberanía nacional, no existirían instituciones democráticas en dichas regiones. Resulta pintoresco entonces que la opresión de la que algunos se quejan se emita desde instituciones que nos hemos dado entre todos.

En este caso parece bastante clara la diferencia entre lo legítimo y lo legal. Parece obvio reconocer que cada grupo defiende de forma legítima sus posiciones con respecto a este tema, y que hay que considerar como serias y legítimas las aspiraciones de los grupos políticos y de una parte de la sociedad civil catalana que piden el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, muchos de ellos en función del deseo de independencia del resto.

Huelga decir que aquí no se entra en valorar por qué se ha llegado a esta situación y no es mi intención repartir culpas, porque no podríamos parar. Como en casi todo, podríamos encontrar responsabilidades en todas partes y tampoco creo que ayude ahora mismo a nada. Sí creo que ayuda manifestar que es una situación que yo no deseo, y solo hablaré por mi, para no cometer el error de nacionalistas de uno y otro signo que se atreven a erigirse en intérpretes de voluntades nacionales que no pueden determinarse.

Lo que si ayudaría es fijarse en algunos ejemplos. Canadá es uno de ellos. Canadá aprobó en el año 2000 su llamada “ley sobre la claridad” mediante la cual Canadá no reconoce el derecho a la secesión unilateral de Quebec, puesto que no aparece recogido ni en el derecho canadiense ni en el derecho internacional. Tampoco considera que el derecho de autodeterminación sea válido en el seno de Estados democráticos.

Ahora bien, en el caso de que se diera una manifestación clara sobre el deseo de secesión de una provincia, el gobierno de Canadá podría entablar negociaciones sobre la posibilidad de reconocer el derecho a la autodeterminación a dicha provincia, siempre considerado como un mal menor que evite situaciones catastróficas. En todo caso, dicha negociación requeriría del recurso a la legalidad constitucional vigente, reconociendo que para tal cosa debería reformarse primero la Constitución de Canadá, y consultar dicho cambio con la soberanía nacional canadiense.

En caso de que el derecho a la autodeterminación fuera incluido definitivamente en el ordenamiento jurídico de Canadá, la negociación debe hacerse con suma claridad –valga la redundancia-, pues el Estado no puede desprenderse de sus obligaciones en el caso de que no exista una parte muy significativa de la población que apoye la secesión. Y es que dicha secesión debería darse bajo los mismos principios fundamentales que originaron la posibilidad de independencia: libertad, democracia, no discriminación y respeto a las minorías. Dicho de otro modo, no valdría una mayoría del 51% y la pregunta debería ser perfectamente clara y neutra.

En ese caso, y solo en ese caso, Quebec sería Estado independiente. Desde que se aprobó esta ley, la unidad de Canadá como Estado federal es cada vez menos cuestionada.

¿Soy minoria?

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Hay ganas de bronca y ganas de que venga un sensato cualquiera a decir verdades como puños. Cada día pueden escucharse comentarios, que van en todas direcciones, en los que se aprecia un deseo de destrucción de lo actualmente existente. Y a la par, todo aquello que hasta ahora nos animaba a contemporizar,  se desvanece.

Ya no hay adversarios sino  enemigos. Lo importante del debate no es el análisis sino el resultado final, que debe aproximarse lo más posible al KO del contrario y al enaltecimiento del ganador. ¿Qué importa lo que piensen los demás? ¿Por qué íbamos  a salirnos del guión? ¿Quién puede privarme de la satisfacción de vencer? Decir verdades como puños está genial, pero mejor está que sirvan para un propósito positivo y no para ensuciar con mierda a quien no piensa igual que tu.

Es más fácil decir que “España nos roba”; que “hay que estar siempre al lado de las víctimas” propongan estas lo que propongan (aunque sea la venganza o la parálisis del victimista). Que todos son corruptos. Que todos son iguales. Probablemente sea más fácil zanjar el debate con un “no tiene remedio” o “todos al paredón” que ponernos a pensar qué podemos hacer para que las cosas vayan, en nuestro ámbito, un poquito mejor.

Seamos sinceros. ¿Acaso vosotros no queréis que las cosas mejoren? ¿Piensas que lo conseguirás mediante soflamas sectarias? ¿Todo el PP es malo y corrupto? ¿El PSOE se reduce al paro y a Zapatero? ¿Son los españoles españolistas y por tanto unos represores y unos aprovechados? ¿Son todos los catalanes unos listillos nacionalistas dispuestos a romper la patria? ¿Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?

Yo me niego a pensar que la solución a nuestros problemas esté lejos del esfuerzo por la convivencia y la racionalidad. Del básico juego de ceder y de ganar. Del respeto mínimo a la dignidad de lo demás. Hasta una revolución parece más racional que el discurso dominante.

La lista de la compra

la fotoUna reforma electoral; una nueva ley hipotecaria; la ley de transparencia; reformar el modelo territorial; frenar el desempleo -especialmente entre los jóvenes-; saber por donde queremos crecer; garantizar los servicios públicos esenciales; recuperar la autoestima; cambiar partidos y sindicatos… Todo esto aderezado con una dosis de crisis institucional, porque para que una de las instituciones mejor valoradas sea la judicatura y la menor la Monarquía, hay que dar por hecho que existe tal cosa. Y a grandes males, grandes remedios: la lista de la compra en España se llama reforma constitucional.

Este es, a groso modo, el trabajo que tiene por delante nuestro país de cara a la próxima década. Tantas y tantas cosas que hacer y qué poquito ímpetu. Como diría aquel, “demasiado collar para tan poco perro”. ¿Se pueden imaginar ustedes la cantidad de trabajo que puede costar en España –el país de la Constitución del consenso y “hasta nunca”- hacer todo esto? Ustedes imagínense que acabamos de comprar una casa –imaginando mucho hasta podemos pensar que nos dan la hipoteca fácilmente- pero que tenemos que hacer una reforma  porque hemos descubierto problemas en la estructura que va a costar meses solventar. Todo ello supondrá mirar presupuestos de todo tipo y pensar en un sinfín de decisiones que van a abarcar tu vida durante unos pocos meses. Y que de repente, te llega un albañil, de los de toda la vida –imaginen, imaginen que alguno queda- y te dice: “¡Buag! ¿Esto tres meses? ¿tres meses? ¿tres…? Esto, señor, se lo arreglo yo en cuatro semanas y con la gorra”.

Pues bien, yo hace tiempo que pienso que nuestro gobierno no tiene ni rango de albañil: es un peón ordinario. No tengo nada contra los peones ordinarios, conozco algunos y tengo cariño hacia todo lo que tiene que ver el gremio que me ha dado de comer tantos años (y me sigue dando, afortunadamente para mi familia). Pero un peón ordinario no sabe de estructuras. No le es tan fácil, a priori, detectar fallos en la estructura más profundos de lo que a simple vista pueden parecer. Nuestra lista de la compra es amplia y aquí nadie abre de verdad el melón de la reforma constitucional. Aunque, a decir verdad, quizá lo grave de nuestra situación es que incluso un peón ordinario puede sentirla a simple vista, seguramente porque es quien más la sufre.

Políticamente, ningún Estado con el cuadro que presenta España puede sobrevivir muchos más años si no se plantea “¿quién soy?”, “¿de dónde vengo?” y “¿a dónde voy?”. Aquí no nos planteamos tal cosa, sino que recortamos todo aquello que garantiza una mínima solidaridad, empobreciéndonos cada día más y resignándonos a ser el país más desigual de Europa mientras rescatamos bancos y mantenemos subvenciones millonarias en sectores privados cuyos directivos cobran medio kilo al año y/o viven como curas, a la par que lamentamos la cantidad de personas “de la calle” acuden a un centro de beneficencia para que le ofrezcan lo mínimo para subsistir. ¿No querían neoliberalismo? Pues tomen dos tazas.

Los partidos políticos mayoritarios no parecen tener prisa en abrir de verdad el melón constitucional y eso que para tocar el modelo electoral es necesario; para tocar el modelo territorial es necesario; para reformar partidos y sindicatos es necesario; e incluso para garantizar los derechos y para saber hacia donde tienen que ir nuestros principios de política social y económica parece necesario. No digamos si es necesario para reformar la corona; e incluso también para legitimar un régimen democrático que, tal como está, ya no es ejemplo de nada más que de podredumbre.