Mi aclaración mental sobre el mal llamado derecho a decidir…

No dejamos últimamente de hablar sobre el marco de relaciones entre España y Cataluña. Sobre si podría darse una situación de declaración unilateral de independencia, previa consulta, y sus efectos jurídicos posteriores y nadie parece decirnos nada acerca de lo posible o lo probable en caso de que tal situación se diera definitivamente.

Se habla mucho del derecho a decidir Cataluña pero, ¿existe realmente? ¿bajo qué principios? Convendría que alguien nos aclarase estas cuestiones cuanto antes. Yo haré un esfuerzo de síntesis según lo que tengo entendido por un debate acalorado que tuve ayer.

El derecho a decidir se basa en el derecho de Cataluña a celebrar una consulta para decidir su propio futuro. Se entiende que la consulta es relativa a seguir -o más bien no seguir – perteneciendo a España. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de nación catalana. Si esto fuera correcto podríamos advertir claramente que el derecho a decidir es exactamente lo mismo al derecho a la autodeterminación.

¿Por qué se enmascara entonces? Imagino que se enmascara por que hay más gente que podría inmediatamente reaccionar frente al derecho de autodeterminación que frente al derecho a decidir. ¿Cómo no voy a dejar decidir a alguien cómo prefiere vivir?  Pues parece ser que hay razones poderosas para ello.

No existe Estado que reconozca el derecho a la autodeterminación interior de una parte de su territorio. Ni siquiera los canadienses, que durante la década de los 90 hicieron un magnífico ejercicio de racionalidad sobre este asunto, y que dio lugar a la famosa “ley sobre la claridad” con la que acabaré este texto. Por lo tanto, solo se reconoce por los tratados internacionales el derecho a la autodeterminación por parte de la Comunidad Internacional a los pueblos sometidos a regímenes coloniales, que no gozan de instituciones democrático-liberales (en el sentido formal) y donde sus minorías se encuentran completamente subyugadas. Dicho de otro modo, es competencia de los Estados democráticos, el reconocimiento y el ejercicio del derecho de autodeterminación de sus partes.

¿Podría España reconocer el derecho a la autodeterminación de alguna CCAA? Podría; aunque parece bastante improbable que esto suceda. ¿Sería responsable plantear en qué términos podría darse una situación de independencia? Debería, aunque esto también resulte inimaginable. Habría que tener muchas cuestiones en cuenta:

El principio de democracia, al que se alega por parte del nacionalismo catalán, mediante el cual es democrático todo aquello que no dicen las leyes pero que a ojos de un pueblo permite su independencia es, por no decir algo más sonoro, completamente absurdo. La democracia liberal es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a representantes, que a su vez conforman unos gobiernos en virtud de mayorías parlamentarias. Esos gobiernos actúan, por mandato constitucional, únicamente dentro de la legalidad, con escrupuloso respeto por el Estado de Derecho. ¿Pueden actuar bajo principios defendidos legítimamente por una parte de la sociedad pero que no están recogidos en el ordenamiento constitucional? No.

Por otra parte, los gobiernos elegidos por las regiones, concretamente sus órganos ejecutivos, no son solamente resultado de las elecciones territoriales diversas; son a su vez, representación del Estado en sus respectivas CCAA. Por paradójico que parezca, son representantes de su comunidad en la medida en que lo son por delegación de competencias, pues sin la Ley Orgánica de su estatuto aprobadas por los representantes de la soberanía nacional, no existirían instituciones democráticas en dichas regiones. Resulta pintoresco entonces que la opresión de la que algunos se quejan se emita desde instituciones que nos hemos dado entre todos.

En este caso parece bastante clara la diferencia entre lo legítimo y lo legal. Parece obvio reconocer que cada grupo defiende de forma legítima sus posiciones con respecto a este tema, y que hay que considerar como serias y legítimas las aspiraciones de los grupos políticos y de una parte de la sociedad civil catalana que piden el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, muchos de ellos en función del deseo de independencia del resto.

Huelga decir que aquí no se entra en valorar por qué se ha llegado a esta situación y no es mi intención repartir culpas, porque no podríamos parar. Como en casi todo, podríamos encontrar responsabilidades en todas partes y tampoco creo que ayude ahora mismo a nada. Sí creo que ayuda manifestar que es una situación que yo no deseo, y solo hablaré por mi, para no cometer el error de nacionalistas de uno y otro signo que se atreven a erigirse en intérpretes de voluntades nacionales que no pueden determinarse.

Lo que si ayudaría es fijarse en algunos ejemplos. Canadá es uno de ellos. Canadá aprobó en el año 2000 su llamada “ley sobre la claridad” mediante la cual Canadá no reconoce el derecho a la secesión unilateral de Quebec, puesto que no aparece recogido ni en el derecho canadiense ni en el derecho internacional. Tampoco considera que el derecho de autodeterminación sea válido en el seno de Estados democráticos.

Ahora bien, en el caso de que se diera una manifestación clara sobre el deseo de secesión de una provincia, el gobierno de Canadá podría entablar negociaciones sobre la posibilidad de reconocer el derecho a la autodeterminación a dicha provincia, siempre considerado como un mal menor que evite situaciones catastróficas. En todo caso, dicha negociación requeriría del recurso a la legalidad constitucional vigente, reconociendo que para tal cosa debería reformarse primero la Constitución de Canadá, y consultar dicho cambio con la soberanía nacional canadiense.

En caso de que el derecho a la autodeterminación fuera incluido definitivamente en el ordenamiento jurídico de Canadá, la negociación debe hacerse con suma claridad –valga la redundancia-, pues el Estado no puede desprenderse de sus obligaciones en el caso de que no exista una parte muy significativa de la población que apoye la secesión. Y es que dicha secesión debería darse bajo los mismos principios fundamentales que originaron la posibilidad de independencia: libertad, democracia, no discriminación y respeto a las minorías. Dicho de otro modo, no valdría una mayoría del 51% y la pregunta debería ser perfectamente clara y neutra.

En ese caso, y solo en ese caso, Quebec sería Estado independiente. Desde que se aprobó esta ley, la unidad de Canadá como Estado federal es cada vez menos cuestionada.

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¿Qué es el federalismo?

 
Ayer, en una entrevista en la Cadena SER, Alfredo Pérez Rubalcaba lanzaba una propuesta para desencallar el debate catalán sobre el pacto fiscal y la independencia de Cataluña: el federalismo.
 
Pero lo cierto es que quienes conozcan únicamente el federalismo así llamado –sin pelos en la lengua-  por su impacto en la historia de nuestro país pueden acabar alarmadas. No preocuparse. No se trata de crear el cantón de Cartagena y declarar la guerra a Murcia. Ahora bien, aunque el Federalismo no es igual en Suiza, Estados Unidos o Alemania, se pueden establecer algunas características comunes a todos esos modelos.  
 
Un Estado Federal se caracteriza por la existencia de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)  tanto en la Federación como en los estados miembro, y su protección constitucional. Se trata de una forma de división territorial del poder que tiende a un equilibro competencialespecialmente en aquellos países de grandes dimensiones o que tienen en su seno identidades diversas. Es decir, es la unión de territorios que tienen características comunes y algunas peculiaridades: el tamaño, diferencias socioculturales, diferencias socioeconómicas y la cultura política.
 
Nuestro país es más ejemplo de lo segundo que de lo primero, si bien es cierto que países geográficamente más pequeños (Suiza, Austria, Alemania…) suponen un potente ejemplo de las ventajas del federalismo.
 
¿Cuáles son sus características más importantes?
 
      Por regla general se establece en sistemas políticos democráticos, el federalismo requiere la existencia de una Constituciónque establezca los derechos, libertades y deberes de los ciudadanos de toda la Federación y las identidades de los Estados miembro (en los Estados con existencia de identidades nacionales diversas).
 
      Es una forma de descentralización del poder. La Constitución establece las competencias de cada nivel político-territorial. La Federación mantiene las competencias exclusivas sobre la política exterior, de seguridad y defensa, los principios generales de la política económica, fiscal y monetaria, la administración superior de justicia…
 
Es muy similar al actual sistema de Comunidades Autónomas. 1) Puede ser asimétrico, en el que no todos los Estados tienen las mismas competencias (España actual) 2) o simétrico en el que todos los Estados tienen las mismas competencias (Alemania actual).
 
1) Puede ser un sistema competencial dual cuyo ejemplo es Estados Unidos en el que cada Estado mantiene competencias sobre determinados campos políticos y establece con el Estado Central una relación de estricta separación de poderes. 2) O puede ser un sistema competencial cooperativodonde, aun existiendo una división funcional de tareas entre Federación y Estados con la evolución del modelo la Federación ha ido estableciendo principios de coherencia y unidad administrativa entre las competencias de los Estados a cambio de voz y voto a los Estados en la toma de decisiones común de la federación. Este es el modelo de Alemania o Austria.
 
       Existencia de un Tribunal Constitucional fuerte, que tiene entre sus funciones defender la correcta distribución de competencias entre el Estado Federal y las federaciones y arbitrar los conflictos que puedan surgir a este respecto.
 
Por tanto, que a nadie le extrañe la salida federalista de ayer de Rubalcaba, en el programa electoral del PSOE para las elecciones de 2011 se decía lo siguiente:
 
“La cultura federal es el sistema de gobernanza multinivel que mejor responde a los desafíos en las sociedades complejas y democracias avanzadas, España no es una excepción. Pero no es sólo una técnica de descentralización, se trata de una filosofía política basada en el pacto y que supone un ejercicio de radicalidad democrática. Un pacto de convivencia que permite combinar autonomía política de las partes y el trabajo por un proyecto de unión donde todos ganan. […]Esto implica la potenciación de la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y todos los marcos y mecanismos de colaboración institucional multilateral…”

10 años sin Ley Internacional

Movido seguramente por los comentarios al último post del blog me gustaría expresar mi opinión sobre el papel de la ONU en los conflictos internacionales. Seré breve.
Creo que es sabido por todos que, desde hace años, la ONU se encuentra inmersa en una profunda crisis de legitimidad dada su incapacidad para adaptarse al nuevo equilibrio de poder internacional como consecuencia de la expansión económica, política y militar de países emergentes durante los últimos 15 años. A mi juicio por tres grandes circunstancias:
– El 11-S, la respuesta al 11-S, la Guerra de Irak y la división internacional ante una intervención militar que respondía a una doctrina (preventiva) que no podía ser aceptada por la mayoría de países. El fracaso de este tipo de iniciativas nos ha llevado a un escenario nuevo en el que la ONU ya no era imprescindible para acometer acciones unilaterales porque quienes detentan el mayor poder dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, con poder de veto, tienen capacidad para manejar leyes internacionales a su antojo.
– Esto nos lleva al segundo punto. ¿Por qué si se han de cumplir una serie de resoluciones y otras no? El caso más sangrante es el del conflicto palestino. Irak entonces (años 90), Irán, Corea del Norte…, e incluso ahora Libia, han sido objeto de resoluciones duras y de mandatos ejecutados por los países occidentales. Israel nunca ha tenido que responder por sus actos y ha salido impune de matanzas que han estado a la luz de todos.
– Porque tampoco ha podido liderar un punto de no retorno sobre armamento nuclear. Sometida al predominio de potencias nucleares con poder de veto, la ONU se ha dedicado a sancionar a los países que desarrollaban programas nucleares sin advertir de que la contrapartida para el abandono de dichos programas es la aceleración del desarme nuclear por parte de Rusia, Estados Unidos, Francia, China y Gran Bretaña. Parecen dar la sensación de que, para poder actuar de forma unilateral hace falta tener la bomba.
¿Significa esto que debemos acabar con la ONU? NO, DE NINGUNA MANERA. Hay que reformarla. Yo sigo siendo partidario de la existencia de una Ley Internacional de obligado cumplimiento para todos. De que se respeten las normas, las resoluciones y las sanciones impuestas por la ONU para todos, incluido occidente y los Estados Unidos. Por eso valoro de forma positiva cómo se ha llevado a cabo la intervención en Libia, la forma. (Y por eso defiendo a mi Gobierno frente a su predecesor).
De todos modos, cuanto más tardemos en organizar un nuevo poder internacional respetable por todos, menos estaremos apostando por un crecimiento continuado de la agresividad entre los Estados, actitud palpable desde 2001.

Lo que de verdad importa

En los últimos días escucho mucho hablar sobre los 110 km/h y la ley anti-tabaco. Es verdad que son dos medidas restrictivas de la libertad pero no de la libertad con mayúsculas como dicen algunos. Además de ir a 110 km/h, tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, llevar casco reglamentario si vamos en moto, tener preparados chalecos reflejantes para accidentes en carretera, tenemos que dar los intermitentes, tenemos que pararnos a auxiliar a alguien si es víctima de un accidente, tenemos que respetar millón y medio de señales. En realidad, los 110 km/h pueden gustar más o menos, pero es una restricción igual a la existente con los 120 km/h y que ha tomado el gobierno basándose en la necesidad de ahorrar combustible. No es algo una injerencia en nuestra vida personal que vaya más allá que otras permitidas al Estado. Es evidente que no todos ahorran por igual y que, como joven, me gustaría que hubieran sido otras las medidas del gobierno. Por ejemplo, me hubiera gustado que hubieran bajado todavía más el coste del transporte público, pues mi abono de transporte me cuesta 63 euros todos los meses. Una reducción del 30% o 40% en el precio del transporte público hubiera sido beneficiosa.
En todo caso parece que lo que importa somos nosotros. Los individuos egoístas que no pensamos mas que en nuestro propio beneficio. Hemos dejado de ser ciudadanos. No consideramos la comunidad como un espacio de convivencia común. Si no fuera así deberíamos darnos cuenta de que nadie ha exigido al Gobierno que reduzca el 80% de dependencia energética sobre combustibles fósiles (petróleo, carbón o gas natural). Queremos ir a 120 km/h, pero pensar en lo que nos cuesta a todos el déficit de tarifa y lo bien que le viene a las eléctricas…de eso nadie parece enterarse.
Cuando la cosas van mal, al igual que cuando van medio bien o cuando van bien las democracias han de funcionar por el menos común de los sentidos. Es decir, parece ser que hemos borrado de nuestra mente esto de que debe primar el interés general: el bien común. No quiero decir que los 110 sea lo mejor. Solo pretendo que reflexionemos sobre las cosas que decimos muchas veces, no paramos de meternos con los demás y muchas veces de echar balones fuera, pero tenemos que ser capaces de abstraernos del debate sectario y partidista para arrimar un poquito el hombro. Entre partidos si, es a los primeros que hay que exigírselo. Pero también a los ciudadanos con sus políticos.
No parece que exista prohibición sobre conductas de participación ciudadana básicas y sin embargo los ciudadanos españoles somos de los que más participamos en elecciones pero de los que menos nos acercamos y valoramos nuestras instituciones democráticas. Pueden ver ustedes cualquier encuesta del CIS. Criticamos a los políticos en tertulias de salón pero no nos relacionamos con nuestro ayuntamiento. Solo nos damos cuenta de que existen cuando la situación general de nuestra vida se torna trágica. Y es natural, claro que si…pero no podemos pretender recuperar ahora un rigor y una confianza por la que dejamos de velar hace años, cuando empezábamos a vivir bien y, en algunos casos, por encima de nuestras posibilidades.
La conciencia política es algo que se lleva siempre. Para bien o para mal. Pero hay que ejercitarla más allá de ver las noticias. ¡Qué bien hicieron los griegos en su momento eligiendo los cargos de la poleis por sorteo, obligando a todos los ciudadanos preparados para ejercer cargos públicos! Para comprometerse con los ciudadanos. Claro que a más de uno le daría un infarto.
Para mi, quien se mete a política ahora es un valiente y no un chupafrascos. Alguien que sabe que le van a llover por todos los lados. Pero si yo lo hice porque tengo la esperanza de que, en la medida de mis posibilidades voy a cambiar las cosas, ¿Por qué no pensar que la gran mayoría los demás sienten lo mismo que yo? ¿Acaso todo lo que importa son los 110, la imagen de la Leire Pajín o la ley antitabaco? o, como he leído a una buena amiga en facebook, el problema de las pensiones, la dualidad del mercado laboral, la escasa diversificación de nuestra economía, la debilidad demostrada en algunos casos de nuestro Estado del Bienestar, la necesidad de mejorar la educación y la cultura de los niños y jóvenes …¿no son estos problemas más decisivos, profundos e importantes a largo plazo?
Por favor, soy joven, no me robéis la esperanza…

¡REVOLUCINES ÁRABES GRACIAS A LAS TIC!


Hace 200 años, España estaba a punto de aprobar la primera Constitución de su historia. Francia lo hizo en 1791, Estados Unidos unos años antes. Inglaterra nunca la escribió pero la tenía. A partir del siglo XIX se producen lo que históricamente se conocen como revoluciones liberales focalizadas especialmente en los años 1820, 1830 y 1848. Los liberales europeos lucharon contra monarcas absolutos o déspotas y luego contra los oligarcas que mantuvieron el poder en pocas manos, pese a que libraran de la esclavitud a millones de personas, para sumirlas en el juego maquiavelico de la laissez faire.

200 años después, tras la Revolución en Túnez parece que un fantasma recorre el Norte de África derrumbando dictadores o “Presidentes para toda la vida”. Se piden las reformas democráticas y los derechos que, entre otras cosas, no hemos sabido exigir los europeos en nuestros acuerdos previos con estos dirigentes en los que escribíamos una cosa y hacíamos la contraria con la clausula de derechos humanos.

Pero los árabes cuentan con un instrumento de lo más contagioso. Las redes sociales y las nuevas tecnologías. Y es que lo que está extendiendo la epidemia revolucionaria, que ya cuenta con pequeños conatos en Yemen y Jordania, son las TIC y las redes sociales.

Si recordais la Revolución Verde Iraní hace casi dos años, e incluso las protestas de los monjes tibetanos contra China hace tres años, recordaréis como sendos gobiernos decidieron bloquear Google u otras redes sociales como contención de la protesta. Vamos a intentar exclarecer algunas cuestiones de cara a entender qué consecuencias tiene el progreso tecnologico en estos asuntos. Nos valdremos de Charles Tilly y su libro sobre “Movimientos sociales” a partir del caso Filipino en 2001:

Tilly advierte de que, igual que lo hicieron durante los siglos diecinueve y veinte, las innovaciones en las comunicaciones del siglo XXI siempre operan de dos maneras:

Disminuyen los costes de coordinación entre los activistas ya conectados entre sí.

Excluyendo a aquellos que carecen del acceso a los nuevos medios de comunicación, y por lo tanto, incrementando la desigualdad en las comunicaciones.

Además, recuerda que la mayor parte de la actividad de los movimientos –y en este caso es una característica que me aventuro a decir que coincide con este tipo de revoluciones- del siglo XXI continúa dependiendo de una organización local, regional y nacional que ya predominaban a finales del siglo XX (las dictaduras y su oposición). Por lo tanto, conviene evitar el determinismo tecnológico; reconociendo que la mayoría de los nuevos rasgos de los movimientos resultan de cambios en sus contextos sociales y políticos más que de las innovaciones tecnológicas como tales, aunque ayudan.

¿Cómo ayudan? Basicamente, como consecuencia de la globalización, los Estados pierden eficacia para contener los rápidos avances de las comunicaciones, aunque también el conocimiento científico, el tráfico de drogas (Méjico), armas, etc. Charles Tilly describe dos globalizaciones antes que la actual: las mejoras en la comunicación de las anteriores estuvieron en el avance de los transportes por tierra, mar y aire así como el descubrimiento de los combustibles fósiles y nuevas fuentes de energía; además se aumentaron los poderes del Estado a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX.


Desde los años ochenta, el Estado no ha hecho sino perder poder, permitiendo al mercado mover el capital libremente por los países.

En conclusión: La reducción de los costes de comunicación unido a la capacidad de conexión entre lugares que comparten intereses propician un aumento en la frecuencia de las campañas que impliquen objetivos iguales o similares simultáneamente en muchos sitios distintos. A esto hemos de unirle la debilidad del Estado para controlar estas comunicaciones y el poder monetario dentro de sus propias fronteras. Las revueltas gracias a redes sociales, también llamadas “smart mobs” son en muchos casos espontáneas, horizontales (menos jerarquizadas), escasamente identificables por servicios secretos o de inteligencia y por lo tanto impredecibles lo que choca con el tipo de comunicación más estática, vertical (jerarquizadas) y lineal de los tiempos en los que Europa producía revoluciones.

En todo caso, Sydney Tarrow recuerda, en la línea de Tilly, que la mayoría de las demandas de los MS dentro y fuera de europa continúan siendo hacia Estados y dentro de los Estados.

Ni las “Smart Mobs”, ni las redes más débiles gozan de la suficiente capacidad para sostener una labor política en defensa de sus programas, como ha demostrado ser acompañante necesario de los repertorios de los movimientos en siglos pasados. Quizá los movimientos se están dividiendo: de un lado los viejos estilos de acción y organización que apoyan la participación política continua en los núcleos de toma de decisiones; en el otro, muestras espectaculares pero temporales de conexión mundial, en gran medida mediada por organizaciones y dirigentes especializados.