Una estafa en toda regla

Fátima-Bánez-1jul14

La semana pasada estuve haciendo unas etapas del Camino de Santiago y, dada la necesidad de limpiar la mente, no he leído o comentado muchas noticias de actualidad.

Sin embargo, el miércoles me enteré de algo que me produjo un profundo dolor y no menor indignación, y que comento ahora en cuanto tengo acceso a un ordenador. Resulta que la Seguridad Social, a través de instrucciones del Gobierno, cambió a inicios del verano los criterios para la jubilación anticipada de aquellos que tenían suscrito un Convenio Especial con la seguridad social.

Este Convenio Especial aplica a aquellas personas que, al no trabajar, e incluso no tener muchas posibilidades de encontrar empleo por ser mayores de 55 años, han decidido seguir cotizando a la seguridad social tanto la parte del trabajador como la parte de la empresa, de forma que al cumplir los 61 años tuvieran la opción de acogerse a la jubilación anticipada, perdiendo, como suele ser habitual, una buena parte de su pensión mensual. Todo ello a cuenta de su bolsillo.

Desde junio hasta la fecha son muchos los trabajadores que se han visto sorprendidos por este cambio de criterio y, cuando acudían a una oficina de la Seguridad Social, veían como el funcionario de turno, que había atendido y tramitado Convenios Especiales con unos criterios claros, se le ponía cara de poker cuando no sabían explicar los nuevos o bien, cuando les comunicaban directamente que su jubilación anticipada había sido denegada por una nueva interpretación de los mismos por los Altos Cargos de la SS.

Con esta decisión, en la que no media cambio de Ley alguno, el Gobierno está decidiendo deliberadamente cometer una estafa, puesto que el dinero que estos futuros pensionistas depositaban en su cuenta de cotización es a fondo perdido, no hay forma de recuperarlo y ya no es garantía de un derecho a pensión. Lo pierden todo. Muchos de ellos los ahorros de toda una vida programada para un momento como ese.

Que los ciudadanos se sientan estafados o robados es un paso más para la deslegitimación que el PP pretende impregnar al Estado de Bienestar, mientras vende como un milagro unos datos económicos que esconden cosas tan graves y perniciosas como ésta, que arruinan o vulneran derechos a casi 35.000 personas.

Utilizar, en este caso las palabras estafa o robo, no resulta exagerado sino obligado. Los que militamos en partidos de izquierda tenemos la obligación moral y política de denunciarlo, además de exigir que se reparen los derechos violados con tan escasa sensibilidad social. Y si no lo hace el actual Gobierno -que no lo hará- lo hará el siguiente, que a buen seguro no estará capitaneado por Mariano Rajoy.

Por todo esto, con humildad, te pido que lo compartas todo aquello que tenga que ver con este tema, incluido, si te parece bien, este post.

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