Cambios en la Conferencia Episcopal

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Parece que hay movimientos en la Iglesia española. Esta semana el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal de España (CEE), Martínez Camino, dirá adiós a su cargo y con ella los españoles nos despediremos de la cara que con más dureza ha criticado las leyes de gobiernos socialistas, o la inacción del gobierno del PP para acabar con ellas. En pocos meses será su todavía jefe, Antonio María Rouco Varela quien sea sustituído. Con esto, la Iglesia en España tiene una excelente oportunidad para con la sociedad.

Nadie duda precisamente de que la Iglesia española atraviesa un momento de gran desprestigio, paralelo a las instituciones civiles del país. Sin embargo, este binomio (crisis institucional – crisis eclesiástica) no siempre ha sido así. Durante el tardofranquismo y la Transición, si bien las instituciones de la dictadura atravesaban sus horas más bajas, la Conferencia Episcopal y su Presidente gozaban de una enorme popularidad entre una gran parte de los ciudadanos, especialmente entre los moderados, pero también entre aquellos que formaban parte activa de la oposición al régimen y ansiaban libertades y un sistema político democrático -y laico-. Esta buena imagen permitió que el entonces Cardenal Tarancón firmara unos concordatos treméndamente beneficiosos para la Iglesia, en un país que en su Constitución se declaraba “aconfesional”. Y es que históricamente, si tan solo juzgamos la popularidad y la imagen externa, a la Iglesia Católica siempre le ha ido mejor cuando no se ha mostrado extremista o ulramontana frente a la agenda social.

Por ello, estos tres meses que restan de cargo a Rouco Varela se presentan importantes. Según la prensa, el Papa Francisco quiere que los españoles puedan abandonar la reactividad que les producen las declaraciones de la Conferencia Episcopal. Parece dispuesto a centrarse más en la labor de beneficiencia y el servicio social, y menos en las disputas políticas o revisionismos históricos. Aun así, hay dudas de que el actual presidente vaya a dejar el camino libre sin  promocionar antes a un portavoz y secretario de su misma línea dura. Veremos.

Para terminar, lanzo la siguiente reflexión. La opacidad por la que pasa esta elección de nuevo Presidente, Secretario o Portavoz de la CEE entra en contradicción con las demandas de mayor transparencia de los procesos electivos en todo tipo de asociaciones, con independencia de su cercanía a las instituciones políticas y públicas. ¿Sería bueno para la Iglesia que sus cargos fueran elegidos entre los feligreses? ¿O aunque sea solo ante el clero? ¿No se obligarían los candidatos a dar la cara y a retratarse antes de enfrentarse a los poderes representativos? ¿No sería una buena forma de marcar la agenda y las prioridades de quienes son católicos? ¿Mejoraría entonces su cercanía? Es una suerte esto de que estén tan de moda las primarias…

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Mi aclaración mental sobre el mal llamado derecho a decidir…

No dejamos últimamente de hablar sobre el marco de relaciones entre España y Cataluña. Sobre si podría darse una situación de declaración unilateral de independencia, previa consulta, y sus efectos jurídicos posteriores y nadie parece decirnos nada acerca de lo posible o lo probable en caso de que tal situación se diera definitivamente.

Se habla mucho del derecho a decidir Cataluña pero, ¿existe realmente? ¿bajo qué principios? Convendría que alguien nos aclarase estas cuestiones cuanto antes. Yo haré un esfuerzo de síntesis según lo que tengo entendido por un debate acalorado que tuve ayer.

El derecho a decidir se basa en el derecho de Cataluña a celebrar una consulta para decidir su propio futuro. Se entiende que la consulta es relativa a seguir -o más bien no seguir – perteneciendo a España. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de nación catalana. Si esto fuera correcto podríamos advertir claramente que el derecho a decidir es exactamente lo mismo al derecho a la autodeterminación.

¿Por qué se enmascara entonces? Imagino que se enmascara por que hay más gente que podría inmediatamente reaccionar frente al derecho de autodeterminación que frente al derecho a decidir. ¿Cómo no voy a dejar decidir a alguien cómo prefiere vivir?  Pues parece ser que hay razones poderosas para ello.

No existe Estado que reconozca el derecho a la autodeterminación interior de una parte de su territorio. Ni siquiera los canadienses, que durante la década de los 90 hicieron un magnífico ejercicio de racionalidad sobre este asunto, y que dio lugar a la famosa “ley sobre la claridad” con la que acabaré este texto. Por lo tanto, solo se reconoce por los tratados internacionales el derecho a la autodeterminación por parte de la Comunidad Internacional a los pueblos sometidos a regímenes coloniales, que no gozan de instituciones democrático-liberales (en el sentido formal) y donde sus minorías se encuentran completamente subyugadas. Dicho de otro modo, es competencia de los Estados democráticos, el reconocimiento y el ejercicio del derecho de autodeterminación de sus partes.

¿Podría España reconocer el derecho a la autodeterminación de alguna CCAA? Podría; aunque parece bastante improbable que esto suceda. ¿Sería responsable plantear en qué términos podría darse una situación de independencia? Debería, aunque esto también resulte inimaginable. Habría que tener muchas cuestiones en cuenta:

El principio de democracia, al que se alega por parte del nacionalismo catalán, mediante el cual es democrático todo aquello que no dicen las leyes pero que a ojos de un pueblo permite su independencia es, por no decir algo más sonoro, completamente absurdo. La democracia liberal es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a representantes, que a su vez conforman unos gobiernos en virtud de mayorías parlamentarias. Esos gobiernos actúan, por mandato constitucional, únicamente dentro de la legalidad, con escrupuloso respeto por el Estado de Derecho. ¿Pueden actuar bajo principios defendidos legítimamente por una parte de la sociedad pero que no están recogidos en el ordenamiento constitucional? No.

Por otra parte, los gobiernos elegidos por las regiones, concretamente sus órganos ejecutivos, no son solamente resultado de las elecciones territoriales diversas; son a su vez, representación del Estado en sus respectivas CCAA. Por paradójico que parezca, son representantes de su comunidad en la medida en que lo son por delegación de competencias, pues sin la Ley Orgánica de su estatuto aprobadas por los representantes de la soberanía nacional, no existirían instituciones democráticas en dichas regiones. Resulta pintoresco entonces que la opresión de la que algunos se quejan se emita desde instituciones que nos hemos dado entre todos.

En este caso parece bastante clara la diferencia entre lo legítimo y lo legal. Parece obvio reconocer que cada grupo defiende de forma legítima sus posiciones con respecto a este tema, y que hay que considerar como serias y legítimas las aspiraciones de los grupos políticos y de una parte de la sociedad civil catalana que piden el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, muchos de ellos en función del deseo de independencia del resto.

Huelga decir que aquí no se entra en valorar por qué se ha llegado a esta situación y no es mi intención repartir culpas, porque no podríamos parar. Como en casi todo, podríamos encontrar responsabilidades en todas partes y tampoco creo que ayude ahora mismo a nada. Sí creo que ayuda manifestar que es una situación que yo no deseo, y solo hablaré por mi, para no cometer el error de nacionalistas de uno y otro signo que se atreven a erigirse en intérpretes de voluntades nacionales que no pueden determinarse.

Lo que si ayudaría es fijarse en algunos ejemplos. Canadá es uno de ellos. Canadá aprobó en el año 2000 su llamada “ley sobre la claridad” mediante la cual Canadá no reconoce el derecho a la secesión unilateral de Quebec, puesto que no aparece recogido ni en el derecho canadiense ni en el derecho internacional. Tampoco considera que el derecho de autodeterminación sea válido en el seno de Estados democráticos.

Ahora bien, en el caso de que se diera una manifestación clara sobre el deseo de secesión de una provincia, el gobierno de Canadá podría entablar negociaciones sobre la posibilidad de reconocer el derecho a la autodeterminación a dicha provincia, siempre considerado como un mal menor que evite situaciones catastróficas. En todo caso, dicha negociación requeriría del recurso a la legalidad constitucional vigente, reconociendo que para tal cosa debería reformarse primero la Constitución de Canadá, y consultar dicho cambio con la soberanía nacional canadiense.

En caso de que el derecho a la autodeterminación fuera incluido definitivamente en el ordenamiento jurídico de Canadá, la negociación debe hacerse con suma claridad –valga la redundancia-, pues el Estado no puede desprenderse de sus obligaciones en el caso de que no exista una parte muy significativa de la población que apoye la secesión. Y es que dicha secesión debería darse bajo los mismos principios fundamentales que originaron la posibilidad de independencia: libertad, democracia, no discriminación y respeto a las minorías. Dicho de otro modo, no valdría una mayoría del 51% y la pregunta debería ser perfectamente clara y neutra.

En ese caso, y solo en ese caso, Quebec sería Estado independiente. Desde que se aprobó esta ley, la unidad de Canadá como Estado federal es cada vez menos cuestionada.

¿Soy minoria?

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Hay ganas de bronca y ganas de que venga un sensato cualquiera a decir verdades como puños. Cada día pueden escucharse comentarios, que van en todas direcciones, en los que se aprecia un deseo de destrucción de lo actualmente existente. Y a la par, todo aquello que hasta ahora nos animaba a contemporizar,  se desvanece.

Ya no hay adversarios sino  enemigos. Lo importante del debate no es el análisis sino el resultado final, que debe aproximarse lo más posible al KO del contrario y al enaltecimiento del ganador. ¿Qué importa lo que piensen los demás? ¿Por qué íbamos  a salirnos del guión? ¿Quién puede privarme de la satisfacción de vencer? Decir verdades como puños está genial, pero mejor está que sirvan para un propósito positivo y no para ensuciar con mierda a quien no piensa igual que tu.

Es más fácil decir que “España nos roba”; que “hay que estar siempre al lado de las víctimas” propongan estas lo que propongan (aunque sea la venganza o la parálisis del victimista). Que todos son corruptos. Que todos son iguales. Probablemente sea más fácil zanjar el debate con un “no tiene remedio” o “todos al paredón” que ponernos a pensar qué podemos hacer para que las cosas vayan, en nuestro ámbito, un poquito mejor.

Seamos sinceros. ¿Acaso vosotros no queréis que las cosas mejoren? ¿Piensas que lo conseguirás mediante soflamas sectarias? ¿Todo el PP es malo y corrupto? ¿El PSOE se reduce al paro y a Zapatero? ¿Son los españoles españolistas y por tanto unos represores y unos aprovechados? ¿Son todos los catalanes unos listillos nacionalistas dispuestos a romper la patria? ¿Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?

Yo me niego a pensar que la solución a nuestros problemas esté lejos del esfuerzo por la convivencia y la racionalidad. Del básico juego de ceder y de ganar. Del respeto mínimo a la dignidad de lo demás. Hasta una revolución parece más racional que el discurso dominante.